Cifuentes denuncia en la Fiscalía las «irregularidades» del Campus de la Justicia de Aguirre y González

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido trasladar a la Fiscalía General del Estado una denuncia con posibles «irregularidades» en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia en época de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno regional, han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo madrileño y ha adelantado El Mundo.

Este paso responde a un dictamen de la Abogacía General encargado por la Comunidad de Madrid sobre el proyecto diseñado por el entonces Gobierno de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales y donde se recoge que se han detectado incumplimientos de forma «sistemática» de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad.

Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunciaba que el Gobierno regional había elevado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había «cifras y datos» que a todos generan «dudas en la forma de gestión».

OKDIARIO publicó que el Campus de la Justicia que debía erigirse en Valdebebas ha costado a la Comunidad de Madrid 98 millones de euros sin haber llegado a funcionar nunca, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.

De esta cantidad, 80 millones de euros públicos se ha invertido en obras. Con algunos ejemplos especialmente llamativos. El proyecto de las futuras sedes de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha costado 19 millones de euros (la mayor parte de esta cifra, en honorarios de los arquitectos), sin que se haya llegado a colocar ni una sola piedra. Sólo el acto de presentación de ambas maquetas costó 80.000 euros.

El único edificio que está parcialmente acabado es el del Instituto de Medicina Legal: hasta el momento ha costado 22 millones, y sería necesario gastar seis millones más para que el inmueble quede acabado, según el órgano fiscalizador. La Comunidad de Madrid gastó otros 35 millones en las obras de urbanización de la zona.

La sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid SA (constituida en 2005 para ejecutar el proyecto y cuyo único accionista es la Comunidad de Madrid) gastó otros 2,7 millones de euros en personal. La empresa pública llegó a tener una plantilla de 13 empleados en 2009, con un sueldo medio de 5.000 euros al mes.