El CGPJ exige respeto a la independencia judicial tras los ataques de Iglesias por la causa de la ‘caja B’

El Consejo General del Poder Judicial ha salido de nuevo al paso de los ataques a su independencia por parte del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Mediante un escueto comunicado, el máximo órgano de los jueces recuerda que «el respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia».

«La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos», añade la nota.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Han votado en contra los vocales Álvaro Cuesta -que ha anunciado la formulación de un voto particular-, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda.

Ofensiva de Podemos

La declaración, totalmente imprevista, se produce en plena ofensiva de Podemos por los escándalos judiciales que asedian al partido. La pasada semana, el juzgado de Instrucción número 42 de Madrid imputó a la formación y a parte de su cúpula por los delitos de malversación y administración desleal.

Es la tercera vez que el órgano de Gobierno de los jueces reacciona ante los ataques de Iglesias. En enero, la Comisión Permanente criticó unas declaraciones en las que el líder de Podemos aseguraba: «Muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español», en relación al procedimiento contra los dirigentes del procés.

El CGPJ, en una resolución por unanimidad, apeló a la «moderación, prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional” para evitar que se cuestionase “la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad” de los jueces.

La segunda advertencia se produjo en relación a la condena a Isa Serra, una de las portavoces de Podemos. Entonces, Iglesias escribió en Twitter: «Me invade una enorme sensación de injusticia». «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», añadió.

Aquellas palabras provocaron un profundo malestar en la Comisión Permanente del CGPJ, que reprochó que generaban «una sospecha inaceptable» sobre la imparcialidad de los tribunales.

«Merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados», añadieron los jueces. En el comunicado se destacaba que, una vez más, el CGPJ se veía»en la obligación» de apelar a Iglesias, como miembro del Gobierno, «a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces».

Podemos respondió a este pronunciamiento asegurando que «cualquier comunicado de una cúpula judicial con el mandato caducado y al servicio de la derecha es ilegítimo», en palabras del presidente del grupo confederal, Jaume Asens.

La pasada semana, tras conocerse la imputación de Podemos, Iglesias reaccionó en Twitter cuestionando la actuación judicial.

«Entendemos que algunos estén muy interesados en que ahora pasemos meses defendiéndonos en los medios de acusaciones sin fundamento, en vez de hablar del debate social sobre la monarquía o sobre cómo emplear los fondos europeos para la reconstrucción. No les vamos a dar ese gusto», escribió el líder podemita.

Por su parte, Pablo Echenique aseguró que el «objetivo» de la instrucción abierta «no es judicial, sino la difamación mediática».