Cerdán alega que es víctima de una «presunción de indecencia» y exige al juez que le saque de prisión

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha alegado que es víctima de una «presunción de indecencia» y ha exigido al juez del Tribunal Supremo que investiga la trama socialista, Leopoldo Puente, que le saque de prisión. La decisión definitiva no se conocerá antes de este miércoles después de que este martes tuviera lugar la vista en la que los abogados pidieron la libertad del que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, defienden que la ocultación de pruebas se podría haber disipado con un registro del domicilio después de que Cerdán dejase de ser diputado, el pasado 16 de junio. Además, han señalado que la familia había avisado de que se mudaría del piso el pasado lunes, pero no se acordó ninguna diligencia.

«Hemos pasado de una presunción de inocencia a una presunción de indecencia», se han quejado los letrados. Además, han afeado que no se han practicado diligencias adicionales que confirmen los audios, grabados por Koldo, que la defensa de Cerdán considera que es su única prueba en contra.

A su vez, los abogados han cuestionado la validez de los audios al rememorar que el juez instructor ha accedido a verificar si son «auténticos» los mensajes de Koldo en los que se incrimina a Cerdán.

La vista ha tenido lugar ante la Sala de Apelación, compuesta por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena. La ponencia correrá a cargo de este último, juez instructor de la causa contra los líderes del procés.

En prisión desde el 30 de junio

El ex número dos del PSOE permanece en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. Entonces ingresó en Soto del Real después de que el juez le imputa los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El magistrado le sitúa como cabeza de la trama en la que también habría participado su predecesor y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el ayudante de éste, Koldo García.

Así, el juez Puente le atribuyó el papel del encargado de pedir a «las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicaciones las cantidades adeudadas» para posteriormente repartirlas entre los miembros de la trama.

«En este sentido, mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos que a todos ellos se atribuyen», argumenta el magistrado.

«La gravedad de los delitos investigados, el momento inicial de la investigación, la capacidad del investigado para seguir comunicándose con el resto de personas implicadas, su capacidad para alterar pruebas y condicionar tanto a testigos como a otros investigados, hacen imprescindible la adopción de esta medida cautelar personal», explicaban juristas consultados.