Centenares de feministas firman un manifiesto contra Irene Montero por «criminalizar a las prostitutas»

Irene Montero se vuelve a poner a buena parte del feminismo en su contra. Esta semana cientos de colectivos y activistas feministas han firmado un manifiesto cargando contra la pareja de Pablo Iglesias por su Ley Orgánica de Garantía Integral sobre la Libertad Sexual, conocida como «ley de sólo sí es sí».

«El Ministerio de Igualdad presentó el pasado marzo de 2020 una primera versión del Anteproyecto de Ley. Era un reconocimiento al consenso feminista sobre las modificaciones legales en torno a las violencias sexuales. Sin embargo, el segundo borrador presentado en octubre de 2020 ha roto dicho consenso al criminalizar a personas relacionadas con el trabajo sexual», lamentan las firmantes.

«Consideramos urgente que la sociedad, y en especial el movimiento feminista, sean conocedores de las consecuencias que puede acarrear esta norma para las mujeres que ejercen voluntariamente el trabajo sexual», subrayan estas feministas entre las que están dirigentes podemitas como Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), Clara Serra (ex de Podemos) o Gala Pin (ex concejal de Barcelona en Común), Loreto Arenillas (diputada de Más Madrid) o Erika Sanz (diputada regional de Podemos Aragón).

En primer lugar, censuran que «las trabajadoras sexuales no han sido ni informadas ni invitadas al proceso de elaboración del anteproyecto a pesar de tener derecho a participar». «Han resultado abiertamente excluidas del mismo», concluyen. «Se ha pasado de elaborar y evaluar políticas públicas exigiendo ‘las voces de las mujeres protagonistas’ como una cuestión esencialmente feminista, a excluir a ciertos grupos de mujeres en la elaboración de las normas que les afectan», lamentan desde el citado manifiesto.

A continuación, exigen que se retire la propuesta de recuperar en el Código Penal la “tercería locativa” que fue despenalizada en 1995. Este tipo penal prohibía que un tercero se lucre con la explotación sexual de una mujer. Irene Montero quiere penar con hasta 3 años de cárcel a “quien con ánimo de lucro, y de manera habitual, destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona aún con su consentimiento”.

Las feministas críticas con Montero señalan que esto «abre la puerta a criminalizar a las mujeres que alquilan y/o comparten inmuebles con compañeras». «También se dificulta el acceso a la vivienda de las trabajadoras sexuales, especialmente a quienes viven en el lugar de trabajo, por el temor de las personas propietarias a ser acusadas de proxenetas», agregan.

También piden retirar la propuesta de modificación de otro artículo que «abre la posibilidad de encarcelar a las mujeres vinculadas al entorno del trabajo sexual». Critican que se considere proxeneta a quien “se lucra explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma”.

«La modificación propone una ampliación del concepto de ‘explotación’ a ‘cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación’. De esta manera podrían ser denunciadas las trabajadoras auto-organizadas que comparten un piso si se considera que existe dependencia o subordinación si alguna de ellas, por ejemplo, es inmigrante y carece de documentación», apuntan.

«Podría denunciarse también como proxeneta a cualquier persona implicada en la realización del trabajo sexual (servicios de seguridad, higiene, transporte, etc.). Por tanto, mientras el anteproyecto pretende poner en el centro el consentimiento de las mujeres, se anula y criminaliza el consentimiento de las trabajadoras sexuales», agregan.

Por otra parte, estas feministas señalan que Irene Montero provocará la ruina a las personas trans. «Las medidas afectarán desproporcionadamente a estas personas, quienes sufriendo un desempleo del 85% acuden a menudo al trabajo sexual como única opción». «Criminalizar a las personas trans más precarizadas, en su mayoría migrantes, a la vez que se reconocen los derechos como la autodeterminación de género es una paradoja que nos adelanta los nefastos resultados de esta normativa», lamentan.

Así mismo, afean que «el anteproyecto dispone que las ayudas para las víctimas de violencia sexual provendrán de los bienes decomisados mediante todas las estrategias de criminalización del trabajo sexual». Por tanto, consideran que «se explotará económicamente la criminalización de las trabajadoras sexuales». «Esto, además de fomentar la persecución del trabajo sexual, vincula necesariamente los derechos a la reparación de las mujeres que hayan sufrido violencia sexual con la criminalización y el decomisado de bienes de las otras, las trabajadoras sexuales», esgrimen.

Finalizan apuntando que «todo lo anterior dificulta y precariza el trabajo sexual independiente, aumentando la estigmatización y debilitando las redes de apoyo entre trabajadoras sexuales». Lamentan que «la criminalización de los espacios donde se ejerce el trabajo sexual aumentará el control y la presencia policial en los mismos, con el peligro de que se abran aun más expedientes de expulsión a las mujeres migrantes indocumentadas».