Los cazadores contra la ley animalista de Belarra: «Obliga a poner un bozal a un teckel»

La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la  Fundación Artemisan han elaborado un documento con el que pretenden demostrar que la entrada en vigor de la Ley animalista y de la reforma del Código Penal, impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige la secretaria general de Podemos Ione Belarrra, acabarían con la caza en España.

El documento, elaborado por los servicios jurídicos de ambas entidades, detalla los artículos de ambas normativas en trámite que suponen una amenaza directa para la viabilidad de la actividad cinegética y desmonta los argumentos utilizados por el Gobierno para tramitar estos textos legales sin consenso y por procedimiento de urgencia.

Entre otras cuestiones, el documento desvela cómo la Ley de Derechos de los Animales -cuyo texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto- haría prácticamente inviable la supervivencia de las rehalas, la cetrería, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, o incluso la grabación de documentales de caza convirtiendo en maltrato muchas de las acciones cinegéticas que son propias de la actividad.

El esperpento llega al punto de que, de llegar a aprobarse la Ley con su actual redactado, un ave de cetrería o un perro pastor estarían equiparados con un caniche doméstico y que un perro de caza o de pastoreo que se alejara de su dueño, podría considerarse un perro abandonado y su propietario podría ser severamente sancionado, si el animal no hubiera sido equipado con un sistema de localización GPS, cuyo coste es, en muchos casos, inasumible, máxime cuando en el mundo rural lo frecuente es tener más de un animal en cada casa.

El proyecto de ley considera a los perros de caza (aunque sean de razas pequeñas como el tekel, el terrier o el spaniel que no llegan a los diez kilos de peso), como animales peligrosos si no están cazando y exige que sean transportados en «condiciones de confort».

De la misma manera, la normativa hace inviable la práctica de modalidades como la perdiz con reclamo, cimbeles de paloma o aves acuáticas, creando una grave inseguridad jurídica ante el conflicto entre diferentes normativas nacionales y autonómicas. El actual redactado impide la cría de reposición obligando a la esterilización de los animales sin argumentos técnicos o científicos que lo avalen.

En lo referente a la reforma del Código Penal, el informe indica que el proyecto gubernamental contempla penas desproporcionadas y en que, al extender la tipificación del maltrato animal a todos los animales vertebrados, pone en serio peligro la caza, la pesca y otras actividades de gran importancia para el mundo rural.

La RFEC y Fundación Artemisan instan a los partidos políticos, comunidades autónomas y los ciudadanos a ser conscientes de «las consecuencias que tendría la aprobación esta normativa hecha para contentar a un sector animalista minoritario y radical».