Catalá al Govern: «Deben pensar muy bien las consecuencias de sus actos»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que los representantes del Gobierno de Cataluña deben «pensar muy bien las consecuencias de sus actos» porque podrían tener una responsabilidad penal que derive en la imputación de un delito de «sedición» o «rebelión».

Así lo ha indicado esta tarde en Cuenca a preguntas de los periodistas sobre la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no acudir al Senado mañana, jueves, para defender sus alegaciones contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

«Yo me imagino que pensarán bien las consecuencias de sus actos y no harán nada que les genere consecuencias tan graves como una posible imputación de un delito de sedición o de rebelión, que tiene penas muy altas en nuestro Código Penal», ha subrayado Rafael Catalá.

Asimismo, Catalá ha señalado que Puigdemont tiene una oportunidad en el Senado de presentar «sus alegaciones y practicar eso que tanto reivindican, el diálogo».

Al respecto, ha agregado que el Gobierno de España ofrece diálogo «de forma permanente», como en la Conferencia de Presidentes o en las reuniones con motivo del nuevo modelo de financiación autonómica.

«Yo creo que es una oportunidad perdida para, de verdad, encontrar una solución a un problema desde el diálogo», ha aseverado el ministro y también diputado del PP por Cuenca, quien ha inaugurado un curso de la abogacía en la ciudad.

«Exclusiva responsabilidad»

Asimismo, Rafael Catalá ha opinado que lo que se haga a partir de mañana es de «su exclusiva responsabilidad», en relación con Puigdemont, y ha advertido de que tendrá consecuencias, tanto políticas como judiciales.

Así las cosas, si el presidente de la Generalitat o su Parlamento proclaman la independencia no tendrá «ninguna validez jurídica» porque, según el titular de Justicia, «las leyes que pretendían dar sustento a ese proceso están suspendidas y declaradas inconstitucionales, por lo tanto no tienen validez».

Para el ministro será sólo una declaración política que desde el punto de vista penal sí tiene consecuencias y «muy graves», como un delito de «sedición» o «rebelión».