Carmena gasta 8,7 millones en la expropiación de una parcela privada en la carretera a Pozuelo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado el visto bueno al desembolso de 8.507.180,85 euros para expropiar una finca en el Camino de Pozuelo, al borde del distrito de Moncloa-Aravaca.

Fuentes municipales consultadas por este periódico indican que el objetivo es hacer un nuevo parque municipal. Sería el primero que desarrolla Carmena en toda la legislatura. Al contrario que otros alcaldes anteriores, la alcaldesa de Ahora Madrid por ahora no ha creado ningún nuevo parque público.

Anteriores regidores crearon el Parque Felipe VI en Valdebebas (Ana Botella), el Parque de Arganzuela en Madrid Río (Alberto Ruiz-Gallardón) o el Parque Lineal del Manzanares (José María Álvarez del Manzano).

Esta nueva expropiación son 12.349 metros cuadrados, de los cuales, 289 están construidos. La finca actualmente tiene uso deportivo, aparcamiento, almacén, porche y de vivienda. Está en el entorno de la Colonia de Santa María.

«El terreno adquirido era una zona verde y era una expropiación necesaria para continuar haciendo el Parque de Pozuelo, que eso ya será competencia del área de Medio Ambiente», explican fuentes del área de Desarrollo Urbano Sostenible que es el departamento que ha llevado a aprobación el acuerdo al Gobierno local. Desde el departamento del concejal José Manuel Calvo apuntan así que ahora el testigo lo tendrá que tomar el área de Inés Sabanés.

Dos sentencias

El justiprecio lo ha fijado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La propuesta inicial surgió de la propietaria, inicialmente se desestimó al no concurrir los presupuestos previstos, así que interpusieron un recurso contencioso administrativo y el Ayuntamiento tuvo que expropiar, indican estas fuentes.

Primero la expropiación fue ordenada por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid en febrero de 2018 y, posteriormente, fue confirmada por otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de septiembre de 2018.

En el expediente también consta un informe perceptivo de la Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística y se indica que el gasto ha sido fiscalizado por la Intervención General.