Cargos de Puigdemont no cesados por el 155 se aferran a sus puestos con sueldos de más de 100.000 €
Los altos cargos de la Generalitat que no fueron cesados por la aplicación del artículo 155 han decidido permanecer en sus cargos y, pese a las críticas al Gobierno, reciben su salario mensual del Estado.
Se trata de dirigentes de confianza de Carles Puigdemont y los exconsellers, cuyos sueldos, en muchos casos, superan al de cualquier miembro del gabinete de Mariano Rajoy. E incluso el del propio presidente del Gobierno.
En la lista figura, por ejemplo, Oriol Amorós, que se mantiene como secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, y que no oculta su condición política, ni su rechazo al Gobierno, incluso en distintas charlas con afiliados.
Avui a #Malgrat conversa sobre el país que volem i la República que farem: acollidora i justa . Gràcies @ERCMalgrat ! pic.twitter.com/chnPqYJOlG
— Oriol Amorós 🎗 (@OriolAmoros) November 23, 2017
Otro ejemplo es el de Víctor Cullell, que como secretario del Govern cobraba 110.407,82 euros al año. Cullell, con una larga trayectoria en la Generalitat, fue uno de los artífices del procés, al ocupar previamente la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno. Además, ocupó el puesto de jefe del Gabinete de Relaciones Institucionales con Artur Mas.
En sus cargos se mantienen también los responsables de otros departamentos, como Tráfico, Protección Civil y Bomberos, entre ellos los directores generales de Protección Civil, Joan Delort; de Tráfico, María Eugenia Domenech; y Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Juli Gendrau.
Tampoco ha dimitido Ferran Falcó, secretario general de Territorio y Sostenibilidad, y mano derecha del exconseller del ramo, Josep Rull, en prisión preventiva. Falcó ha admitido haber visitado a Rull en la cárcel para informarle de la situación en el exterior, como las movilizaciones en favor de los presos.
Georgina Oliva, exdiputada de ERC en el Congreso de los Diputados, sigue ocupándose de la dirección de Atención a la Infancia y Adolescencia y Patrícia Gomà, de la secretaría de relaciones con la Administración de Justicia.
Ésta última tampoco esconde su afiliación política y, recientemente, ha provocado indignación en el colectivo de la magistratura por unas declaraciones suyas en Twitter en las que afirmaba que «la Justicia belga pone en evidencia a la española».
La justícia belga posant en evidència la justícia espanyola #Llibertatpresospolitics
— Patrícia Gomà (@pgoma) November 5, 2017
Entre los organismos suprimidos figuran todos aquellos destinados al proceso independentista, como el Consejo Asesor para la Transición Nacional, ahora llamado Instituto de Estudios de Autogobierno, además de la Oficina del presidente de la Generalitat o del vicepresidente, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Austria, Italia, Marruecos, Santa Sede, Portugal, Dinamarca, Polonia y Croacia, así como las delegaciones ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena.
No obstante, la nómina de personal vinculado al gobierno Puigdemont y ahora a cargo del Gobierno es extensa. El Ejecutivo controla directamente todas las áreas del Gobierno autonómico, como quedó establecido en el Real Decreto publicado el pasado 30 de octubre. La gestión corresponde a los ministerios del ramo que corresponda.
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