La cancelación del examen de acceso a la abogacía deja sin trabajo a más de 6.000 aspirantes

Hace más de un mes, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia publicó una resolución en la que, declarada la crisis sanitaria del coronavirus, se acordaba el aplazamiento -sine die- de la prueba de acceso a la profesión de abogado, convocada para el pasado día 28 de marzo. Una decisión que ha dejado sin trabajo a más de 6.000 jóvenes aspirantes en toda España para los que el examen es requisito indispensable para su plena incorporación al mercado laboral. Y que, lejos de resolverse, Justicia mantiene suspendida sin más explicación.

Un escueto mail automático como única respuesta a los cientos de consultas que los afectados han enviado al mail de contacto: «Lamentamos profundamente esta situación que no olvidemos ha creado este maldito COVID-19 afectando por desgracia a muchas personas y entendemos totalmente el momento que viven ustedes. En cuanto haya una novedad al respecto, no le quepa duda que se les transmitirá a la mayor brevedad posible a todos».

Los aspirantes denuncian la situación «alegal» a la que el Ministerio de Justicia ha condenado a «todos los que en este curso han superado los Másteres de Acceso y prácticas correspondientes» y cuentan con el apoyo de los colegios profesionales y de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid. Además, aseguran que la intención del Ministerio de comunicar la futura convocatoria con una antelación de «tan sólo tres semanas resulta inaceptable, especialmente atendiendo a la gran cantidad de personas» de toda España que tendrán que desplazarse, para ello, a la capital.

Los abogados temen que esta situación sirva como excusa para celebrar la prueba en el mes de octubre, unificándose «con el segundo examen de acceso a la abogacía previsto para el 2020». «Creemos que en ningún caso debe darse esta circunstancia, pues podría ser el precedente para implantar una única prueba anual, atendiendo a la intención mostrada por el Ministerio de Justicia en numerosas ocasiones, lo cual generaría graves perjuicios para los estudiantes, la abogacía y el propio sistema de formación habilitante para el ejercicio de la profesión», advierten los más de 6.000 aspirantes, para «evitar que el retraso en las pruebas de este año suponga que las del año 2021 se vean alteradas».

Inseguridad

Los jóvenes abogados exigen al Ministerio de Justicia que resuelva cuanto antes la situación de «incertidumbre e inseguridad» que se ha generado con la cancelación de su prueba de acceso. Y piden que fije una nueva fecha antes de verano, informando «con mayor antelación» y garantizando «todos los medios humanos y técnicos necesarios para que la prueba se realice en unas condiciones sanitarias» correctas.

«Todas estas medidas deben ir también encaminadas a la reducción drástica de los tiempos de corrección, a fin de facilitar la rápida colegiación de todos los aspirantes aptos en la prueba», piden los aspirantes, una vez terminado el confinamiento. «Todo ello puede y debe tomar como referencia las actuaciones que se vayan a llevar a cabo para la celebración de otros compromisos académicos con cifras de participación mucho más elevadas -como la EBAU- con cientos de miles de participantes», añaden en un comunicado que han hecho público este viernes.

Y solicitan al ministro Campo su compromiso para mantener «las dos pruebas de acceso anuales y un diálogo abierto y constante con los representantes de los estudiantes de Derecho (CONEDE) y de la Abogacía Joven de Colegios de Barcelona y Madrid».