Borrell recurre a los tribunales la reapertura de las ‘embajadas’ del gobierno de Torra en el extranjero

Nueva batalla en los tribunales entre el Gobierno y la Generalitat esta vez a cuenta de las ‘embajadas’ catalanas en el exterior. Borrell quiere frenar el decreto por el que se recuperan algunas delegaciones y entiende que no están ajustadas a derecho.

La interposición del recurso se justifica por el incumplimiento por parte del Govern catalán de la obligación de comunicación previa y emisión de informes para la apertura de estas delegaciones. El Gobierno de Quim Torra comunicó a Exteriores la creación de esas delegaciones con sólo 24 horas de antelación a la adopción del decreto de creación, lo que hacía imposible emitir los informes previos.

Torra lo comunicó tarde

El Ministerio ha subrayado que no cuestiona la facultad de la Generalitat de Cataluña de establecer delegaciones en el exterior para el ejercicio, dentro del ámbito de sus competencias, de actividades con relevancia exterior pero ha señalado que la creación de las mismas debe ajustarse a lo establecido por la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Además, desde el departamento que dirige Josep Borrell se ha subrayado que en los contactos mantenidos con la Generalitat, desde el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia se explicó que en realidad no se estaba abriendo ninguna nueva delegación sino que simplemente se reabrían las que el Gobierno central había clausurado en virtud de las medidas acordadas al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Sin embargo, según Exteriores, en los procesos de creación de delegaciones  tampoco se cumplieron los trámites legales, por lo que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy interpuso los correspondientes recursos contencioso administrativos que fueron archivados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al considerar que se había perdido el objeto del recurso cuando dichas delegaciones fueron suprimidas.

Borrell «no dejan más opción»

Finalmente, el Ministerio ha lamentado «tener que presentar recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa» porque, según ha enfatizado, la Generalitat «no se le deja otra opción para preservar el mandato legal». Asimismo, ha aclarado que la presentación de este recurso «no afectará en modo alguno» a las delegaciones que la Generalitat mantiene como oficinas comerciales (Acció), ni a las oficinas turísticas o las culturales, creadas de conformidad con el procedimiento legal vigente.