España

Borrell pide ahora informes a los ministerios para evaluar los efectos de la renuncia a la cosoberanía de Gibraltar

El Ministerio de Exteriores ha encargado a los distintos departamentos del Gobierno que preparen informes con los que intentar negar la evidencia de la pérdida de fuerza sobre Gibraltar. El acuerdo del Brexit ha desaprovechado la fuerza negociadora ganada en 2017 por el anterior Gobierno español. Y la realidad es que toda la fuerza imperativa sobre los comportamientos de Gibraltar ha dado paso a un mero “protocolo” entre España y Reino Unido.

El nuevo documento -sin respaldo de la Unión Europea- no tiene rango de derecho primario y carece por completo de la fuerza de los tratados internacionales. Traducido: que si Reino Unido quiere saltárselo, podrá hacerlo, porque es tan sólo un protocolo de “cooperación administrativa” pactado entre dos partes, no un tratado sometido a régimen sancionador estricto y severo.

Exteriores es consciente de esta situación y pretende combatir anticipadamente la realidad que paso a paso se irá percibiendo: que el control de la frontera por parte de España ha menguado, y el de Gibraltar ha crecido. Y lo ha hecho en una frontera en la que se juega nada menos que el paso de droga, dinero negro, sociedades opacas e incluso armas.

Por ello, el Gobierno de Sánchez ha dado orden ya -a través del Ministerio de Exteriores que comanda el ministro Borrell- de que se elaboren informes negando que se vaya a disparar el tránsito de dinero negro, la pérdida consiguiente de recaudación, o el tránsito de personas con historial delictivo.

Interior, Justicia y Hacienda ya trabajan en los informes pedidos por Exteriores para paliar la pérdida de peso sobre Gibraltar

Interior, Justicia, Hacienda o Economía tendrán que elaborar, de este modo, argumentarios con los que contrarrestar la evidencia de que España ya no cuenta con la Unión Europea como hermano mayor de presión para controlar las prácticas del paraíso fiscal de Gibraltar.

Se trata de un asunto especialmente sensible: el del tráfico delictivo en la frontera con Gibraltar. El negociador jefe europeo para el Brexit, Michel Barnier, no ocultó desde el inicio que las relaciones entre Reino Unido y España, en lo que respecta a Gibraltar, quedan relegadas a un mero protocolo. Un texto que fija las “bases de la cooperación administrativa” entre Londres y Madrid sobre varios asuntos clave: Derechos de los ciudadanos, fiscalidad, tabaco, medio ambiente, pesca y cooperación policial y aduanera”. Es decir, que todos esos puntos quedan fuera de la imperatividad del tratado internacional de abandono de la Unión Europea de Reino Unido. Y quedan sólo con el rango de “cooperación administrativa”.

El protocolo, de este modo, se incorpora como un documento anexo al Acuerdo de Retirada y como un “paquete más amplio” de acuerdos bilaterales entre Reino Unido y España.

Y es ahí donde se recoge nada menos que los sistemas de control y responsabilidad por el tráfico de droga, armas, dinero negro, blanqueo, etc. Dicho de otra manera, que toda la fuerza que ahora podía esgrimir España para castigar a Gibraltar por estas prácticas desaparece y pasa a ser una cuestión “bilateral” fuera del tratado internacional de la UE y plasmado en un mero protocolo.