Bonig aceptará la suspensión temporal de algunos concejales de Valencia hasta que se abra juicio oral

Algunos de los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia imputados por supuesto blanqueo de capitales han expresado su voluntad de darse de baja de forma temporal de la formación a través del mecanismo estatutario “suspensión temporal de militancia”, con el fin de no hacer daño al PP a la vista del proceso judicial en un momento en el que se intenta formar Gobierno y ante la posibilidad de la convocatoria de unas nuevas elecciones. Con esta decisión, paralizarán también el expediente informativo abierto por la Dirección nacional.

Estos concejales ya han manifestado su postura en el grupo municipal del PP de Valencia, señalando que si la decisión no es colectiva ellos sí actuarán de esta forma.

Según fuentes del grupo municipal, estos ediles están dispuestos a darse de baja momentánea del partido pero no cesarán sus funciones de concejales. Se marcharán al grupo de los no adscritos (grupo mixto), con el compromiso de dejar el acta en el momento en el que se les abriera juicio oral, dejando paso así a la sucesión. Quienes queden exonerados y no sean objeto de ese proceso, volverían a ser afiliados del PPCV y miembros del grupo municipal.

La decisión es bien vista por la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, y también por la gestora que fue nombrada para solventar la crisis en la que se encuentra el partido en la ciudad de Valencia tras la imputación de nueve de los diez ediles populares del Ayuntamiento de la capital del Turia como consecuencia de la ‘operación Taula’.

Estos ediles no quieren dejar el acta de inmediato porque mantienen que son inocentes y, levantado el secreto de sumario, consideran que no hay pruebas contundentes contra ellos. En este sentido, señalan que dimitir sería «irreversible», mientras que si se van del grupo municipal popular entretanto el juez decide si los procesa causaría un daño menor al partido y, aunque dejaría al grupo del PP con menos concejales, la presidenta del PPCV lo aceptará.

El Comité Nacional de Derechos y Garantías por el momento ha abierto expediente informativo a la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y a su equipo de la anterior Legislatura en el Ayuntamiento. En este sentido, dicho Comité realizará una investigación interna para saber qué ha ocurrido y los concejales serán interrogados y se les dará la oportunidad de explicarse y contar su versión. Procedimiento que se vería paralizado al causar baja temporal en el partido.

Isabel Bonig tiene muy claro lo que quiere: renovar el PPCV y refundarlo, mediante un Congreso extraordinario, para el que ya tiene la autorización de Génova 13. La lideresa regional quiere dejar lejos la imagen más reciente de corrupción que ha desprendido el partido. Por ello, pidió la dimisión de los ediles la pasada semana, dándoles un plazo para que valoraran la decisión que iban a tomar ante las amenazas de que no dejarían el acta sin una condena. Entonces le echaron un pulso, pero ahora algunos de ellos ya han expresado su voluntad de darse de baja del partido hasta que el juez decida si tendrán o no que ir a juicio.

La lista electoral de Barberá de las elecciones municipales de mayo estaba conformada por 33 personas, de las cuales 16 están imputadas. Según calcula el partido regional, alguno podría dimitir. Si esto ocurre comenzaría la sucesión, corriendo la lista electoral. El siguiente es Vicente Aleixandre, quien también está imputado, y después Carlos Mundina, quien, además de no estar encausado, conoce bien el Consistorio, ex asesor en el Ayuntamiento y también en Les Corts, y fue concejal un par de meses cuando el ex vicealcalde Alfonso Grau dimitió al ser imputado por el caso Nóos. Otro que podría llegar a ser concejal si hay dimisiones es Joaquín Marco, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la CEU-UCH.

Ediles y asesores del equipo de Rita Barberá apoyaron la campaña de las elecciones municipales de mayo con 1.000 euros propios cada uno y ahora se investiga si ese dinero se utilizó para blanquear el obtenido de comisiones ilegales que financiaron actos de campaña de la ex alcaldesa, y si esos 1.000 euros les fueron devueltos a los ediles en ‘b’ por el partido después de que los ingresaran en la cuenta oficial que la organización tenía para la campaña electoral de mayo de 2015.

Los concejales confirman que les pidieron 1.000 euros para la campaña pero mantienen su inocencia y niegan que les devolvieran el dinero en ‘b’.