El BNG intervendrá los pisos vacíos si los dueños «se niegan» a alquilarlos

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 16/02/2024 06:49
  • Actualizado: 16/02/2024 08:52

El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) concurre a las elecciones del próximo domingo con un programa de claro tinte intervencionista, en el que reclama una política de vivienda dura contra los propietarios que se nieguen a «movilizar» sus pisos vacíos, es decir, a ponerlas en alquiler a precios limitados.

El partido de Ana Pontón, al que los sondeos sitúan como primera fuerza de la izquierda -el PP reeditaría la Xunta de Galicia con una mayoría raspadas, según el último sondeo de OKDIARIO- centra uno de sus objetivos en el ámbito de la vivienda, apuntando aquí a la «intervención directa» por parte del gobierno autonómico, en el caso de que los inmuebles vacíos no sean movilizados «pasado un tiempo determinado y ante la negativa del propietario a acogerse a los programas de fomento» del alquiler. El objetivo, apuntan, es que esos pisos desocupados «puedan cumplir con su función social».

En el programa electoral que resume la acción política del BNG no se precisa el «tipo de propietario», ni a partir de cuántos pisos en propiedad se aplicará esta medida. También se plantean impuestos que graven el «incumplimiento» de esa «función social de la vivienda», y cuya cuantía se regulará «en relación con el tipo de propietario y el total de metros cuadrados» del inmueble. En otro momento del documento, se precisa que ese impuesto afectará a «personas jurídicas».

El partido gallego pretende, además, «delimitar las áreas en las que serán de aplicación las medidas de intervención sobre las viviendas vacías», basándose en «criterios objetivos de demanda, además de variaciones de precios de la vivienda libre». El BNG defiende que la Xunta deberá poner en marcha un programa «de mediación» para proporcionar el alquiler de pisos vacíos «a precios limitados», facilitando a cambio distintas contraprestaciones a los propietarios, y declarar «de urgencia» como áreas de «mercado tensionado» todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes en los que el precio de la vivienda se incrementase «más de un 20% en los últimos cinco años».

Igualmente, se impulsará una ley que «blinde el derecho a la vivienda», con un servicio de «protección» del inquilino. En este sentido, proponen un «paquete especial de ayudas al alquiler» para personas en riesgo de impago, así como un programa antidesahucios.

«Estatus político»

El programa abunda además en el «estatus político» de Galicia, apostando por el autodenominado «derecho a decidir». Así, defienden el «reconocimiento del derecho de autodeterminación» de Galicia, que la reconozca «como nación» y «lleve aparejado el ejercicio libre y soberano del poder».

En este desarrollo de «Galicia como nación» se plantean la transferencia de «todas» las competencias pendientes, además de un modelo de financiación propio, con una «Hacienda gallega» o «gestionar directamente la Seguridad Social y las pensiones». Además, pretenden «ejercer libremente relaciones internacionales propias.

Entre otras medidas, se plantea también una «nueva actitud» ante la cuestión lingüística, con el impulso al gallego -en detrimento, pues del español-, la «revisión» de las «instituciones centrales» que «influyen»en Galicia -«de forma que podamos tener capacidad de veto en los casos en que una decisión afecte de forma relevante a nuestros intereses como país»-, o la «completa reformulación» del Tribunal Constitucional, «que dejará de ejercer funciones sobre Galicia». Otra de sus propuestas es «la eliminación de las provincias» y su referencia como circunscripción electoral, y un Poder Judicial propio para Galicia.

Más impuestos

El programa plantea también una batería de impuestos, algunos reforzados y otros de nueva creación, como un impuesto sobre las grandes superficies comerciales, sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica o la «imposición fiscal» sobre «hechos» que «deterioran el medio» para «compensar el coste social de los daños medioambientales».

En el IRPF, el BNG quiere establecer nuevos tramos en la tarifa general para las rentas «superiores», aumentar el número de tramos y que «las rentas más altas tributen más».

Su propósito, dicen, es «aumentar la capacidad recaudatoria del sistema tributario».