Ayuso invertirá 830 millones en la administración de Justicia ante la «inacción de Sánchez»

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 02/07/2024 06:45
  • Actualizado: 02/07/2024 06:45

La Comunidad de Madrid va a actuar sobre el 90% de las 570 infraestructuras judiciales de la región en el periodo 2023-2027, con una inversión en Justicia superior a los 830 millones de euros, ya sea para su renovación parcial, total o mejora en eficiencia energética. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que además han reforzado de manera muy significativa la plantilla de la administración pública y también se ha dotado de más personal a las oficinas de asistencia a víctimas de delito.

«Todo lo hemos hecho a pesar de la inacción del Ministerio de Justicia, que no ha puesto ni un solo euro para mejorar esto ni siquiera a través de los fondos europeos». Concretamente, el Gobierno central reservó 59.216.922 euros procedentes de los Fondos Next Generation exclusivamente para eficiencia energética en sedes judiciales en los territorios que gestiona el propio Ministerio (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia e islas Baleares, Ceuta y Melilla). Por tanto, las comunidades autónomas con las competencias en Justicia transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valencia, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco) se han quedado sin un solo euro de los fondos Next Generation para mejorar sus edificios judiciales.

Entre otras acciones que el Gobierno regional ha llevado a cabo, el consejero ha destacado la apertura de cinco nuevos juzgados, la mejora de las condiciones laborales de 7.200 funcionarios públicos, y el nombramiento de 1.300 interinos porque desde el Gobierno socialista «no se han dotado de plazas de jueces ni fiscales. Tampoco se ha dotado de plazas suficientes para los funcionarios de la administración de Justicia. El año pasado pedimos 470 plazas y de esas que pedimos se nos asignaron 174. Y este año hemos pedido 629 plazas, pero nos tememos que ocurrirá lo mismo que el año pasado». Con estas plazas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende frenar la temporalidad que tantos estragos está causando a la administración pública.

Preguntado por su relación con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el consejero del mismo ramo ha resaltado que tienen comunicación a través de las conferencias sectoriales y que habla y se escribe con él, pero que nunca encuentra una solución para los problemas que arrastra la administración de Justicia: «Yo intento conseguir una respuesta eficaz, pero no la encontramos. Tratamos de dotar de medios a la Justicia y garantizar su independencia, otros han estado en otra cosa. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha señalado con nombre y apellidos a los jueces a quienes no se les ha dotado de los medios necesarios».

Respeto a que Bolaños quiera apostar e invertir en lo digital en materia judicial, García Martín ha recordado que lo digital es importante al igual que el Gobierno regional también trabaja en la digitalización de la ciudad de la Justicia con el expediente judicial electrónico para ahorrar tiempo y agilizar trámites, pero que es importante exigir también medios materiales y humanos que es donde «no hemos encontrado complicidad con Bolaños». «Hemos pedido al ministro de Justicia más plazas de funcionarios al servicio de la administración de Justicia para acabar con la temporalidad y mejorar la calidad del servicio y en eso no hemos encontrado respuesta por parte del Gobierno socialista. Espero que se pongan a trabajar cuanto antes y dejen trabajar también al poder judicial», ha dicho.

Declaraciones del consejero Justicia, Miguel Ángel García Martín,  durante un desayuno informativo celebrado este lunes para hacer balance de su primer año de legislatura y dónde ha puesto en valor que su Gobierno ha cumplido ya o están en marcha el 96% de las medidas recogidas en el programa del departamento que dirige. Además, ha recordado que el Gobierno regional es pionero en incorporar la figura del experto facilitador judicial que ayuda a las personas con discapacidad para relacionarse con la administración de justicia.