Ayuso defiende que las menores que piensen abortar informen a sus padres y se opone a las «listas negras»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende que las menores de 16 y 17 años que quieran someterse a un aborto informen a sus padres, independientemente de que esta opinión no deba ser vinculante y, sobre todo, se muestra contraria a la creación de «listas negras» de médicos que no quieran realizar estas prácticas, algo que ha defendido esta misma semana la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid es la de que las mujeres de 16 y 17 años que quieran someterse a un aborto informen a sus padres pero que, en el supuesto de que estos se opongan a que interrumpa el embarazo, las menores puedan seguir adelante con su decisión. La líder del Ejecutivo autonómico defiende que, en el caso de los abortos, no se debería tomar en familia una decisión que sea contraria al deseo de la joven, pero sí que los padres deban ser informados al respecto.

Por supuesto, el primer objetivo es tener que llegar a estas situaciones. Así, es importante incidir en campañas de concienciación para evitar embarazos. La posición de Díaz Ayuso es que el abordo no debe ser utilizado como un método anticonceptivo. Es una práctica que debe ser segura y poco frecuente. La educación y la concienciación a los jóvenes deben ser las principales guías para evitar que se produzcan embarazos no deseados. «No podemos dejar que sigan esas cifras alarmantes de abortos», aseguraba hace escasas fechas la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso, además, es totalmente contraria a que exista «una lista negra de médicos que no quieran abortar», un extremo incluido en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, más conocida como Ley del aborto, aprobada esta semana en Consejo de Ministros, porque hacerla «va contra su juramento hipocrático de tratar de alargar la vida».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este martes el «derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en el centro público más cercano». «Siempre tendrá que haber personal disponible», decía tras el Consejo de Ministros. La norma -que se ha tramitado de urgencia para saltarse el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- obligará a las comunidades autónomas a crear un registro de objetores sanitarios que no quieren realizar la interrupción voluntaria del embarazo para que en los servicios públicos siempre haya profesionales suficientes para poder practicarla. Se trata de un registro que, como es lógico, ha generado una agria polémica en la comunidad médica.