Ayuso critica la «amenaza» del Gobierno de «imponer por la fuerza» y «sin diálogo» el reparto de menas
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la falta de "procedimiento" en el plan del Gobierno para el reparto de migrantes
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado este jueves la «amenaza» del Gobierno de Pedro Sánchez de «imponer a la fuerza» el reparto de menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. La presidenta popular ha señalado que desde el Ejecutivo central quieren realizar este reparto «sin procedimiento ni diálogo» entre las comunidades.
Ayuso ha respondido así a las declaraciones de Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, que ha afirmado que el Gobierno de Sánchez se asegurará de que se cumpla la ley «sin excepción» en el reparto de menas entre las comunidades autónomas. La presidenta madrileña ha mostrado su disconformidad con la «amenaza» del Ejecutivo central de «imponer» el reparto de migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla «sin proveer los medios como le obliga la ley».
Isabel Díaz Ayuso también ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez por algunas de sus políticas más polémicas. Un Ejecutivo que «expulsa a la Guardia Civil de regiones enteras, permite que los independentistas incumplan las sentencias, indulta a golpistas y malversadores, cerca a etarras y permite que los homenajeen, pone en la calle a violadores y no tiene política migratoria».
Las comunidades autónomas han criticado el decreto del Gobierno para el reparto de menas, del cual quedan excluidos Cataluña y el País Vasco, que no acogerán menores migrantes. Desde las regiones consideran que se trata de un reparto desigual, especialmente para Andalucía y Madrid, que recibirán a la mayoría de menas.
La fórmula aplicada por el Gobierno de Sánchez ha establecido que la Junta de Andalucía acogerá 2.827 menas. El Gobierno andaluz ya planea recurrir el real decreto que le obligará a doblar las plazas de acogida de las que dispone. Otras comunidades gobernadas por el Partido Popular como Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana también han manifestado su posicionamiento en contra del reparto y ya ha avisado de que recurrirán el decreto del Gobierno.
Ministros del Gobierno central como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, o Félix Bolaños, ministro de Presidencia, han asegurado que el Ejecutivo utilizará todos los medios legales para que se cumpla el reparto. Incluso han apuntado a la intervención de «las Fuerzas de Seguridad», como aseguró Torres este miércoles.
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