El Ayuntamiento de El Escorial recurre la suspensión de la exhumación de Franco

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial recurre la suspensión provisional del expediente de exhumación de Franco acordado, la semana pasada, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid. El Consistorio, gobernado por la plataforma vecinal ‘Vecinos por San Lorenzo -con el apoyo de Podemos, PSOE y Ciudadanos para la investidura- ha agotado el plazo de alegaciones contra la medida cautelarísima dictada por el propio órgano judicial.

En el texto de 12 hojas registrado este lunes día 4, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se establecen 3 puntos de oposición del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a las cuestiones planteadas por el recurrente y en virtud de las cuales el titular del juzgado ordenó decretar las medidas cautelares urgentes que paralizaron hace unos días el informe municipal, imprescindible para completar correctamente el trámite administrativo ad hoc diseñado por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

Y es que el ente local avaló en un informe -emitido el pasado 26 de noviembre de 2018- “las actuaciones urbanísticas remitidas por el Ministerio de Justicia” para la exhumación del dictador, como parte del expediente diseñado ad hoc por el Gobierno, y en el que el aparejador municipal ratificaba los trabajos necesarios para la retirada de los restos de Franco de su ubicación actual como “obra menor”, según lo indicado por Patrimonio Nacional. Pese a que en su momento, la regidora de la corporación municipal, desbordada por el número de recursos planteados contra dicha situación, manifestó su conformidad con la paralización de la exhumación hasta que se hubiese tenido constancia de la decisión judicial.

Sin embargo, en el recurso contencioso presentado por un particular se solicitaba paralizar los trámites administrativos en curso, basados en la conformidad de dicho documento, advirtiendo del “riesgo evidente” de las actuaciones diseñadas “para remover unas losas de mármol que, a su vez, tapan una losa de granito de, al parecer 2.000 kilos de peso”. Hecho que pone de manifiesto, entre otras observaciones de índole técnica un dictamen pericial de parte confeccionado, a petición de la familia Franco, por dos arquitectos superiores, Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey. Riesgos de los que, por cierto, ya advirtieron los expertos que conformaron la comisión creada a instancias del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, para este cometido.

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Madrid aprecia «riesgo evidente» en los trabajos para exhumar a Franco

Ambos, en las conclusiones de su estudio, advirtieron sobre la ausencia de “un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”. Que hace unos días el juzgado dio por suficiente para motivar el auto ahora contestado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que insiste en los motivos ya expuestos para su conformidad inicial y que fueron cuestionados por el titular del Juzgado correspondiente.

“No hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso (…) que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra” reflejaba el juez, quien matizaba además que “no se aprecia especial urgencia” en la exhumación de Franco “puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años”.

Por ello, determinaba que “no tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra, cuya urgencia es al menos discutible, pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático de Derechos en que se constituye España, según el artículo 1 de la misma Constitución, esto es, poner en peligro la vida humana y, por tanto, mientras existan dudas acerca de las condiciones de seguridad, dentro de lo racionalmente posible, de la obra que se proyecta, procede la suspensión cautelar urgente de la misma”.

Confirmar las medidas cautelares

Dado que la adopción de las medidas cautelarísimas acordadas responde a una herramienta legal que permite al juez o tribunal paralizar una actuación administrativa “cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso” y “sin oír a la parte contraria”, una vez presentada por ésta la contestación correspondiente, el Juzgado deberá decidir nuevamente si levanta, mantiene o modifica las medidas acordadas.

Teniendo en cuenta que lo hará en función de un nuevo auto motivado en el que, sin entrar en el fondo del asunto, el juez valorará si la adopción de la misma es necesaria para evitar que, en caso de no aplicarla -el normal desarrollo del acto administrativo que se apoya en el cuestionado informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial- podría frustrar la tutela judicial efectiva del interés que se trata de proteger.

El juez deberá decidir si confirma las medidas cautelarísimas, en cautelares, mientras resuelve sobre el fondo del asunto

Contra esta resolución, que se produce en una pieza separada del procedimiento principal, cualquiera de ambas partes puede presentar un nuevo recurso en el plazo de diez días, y será resuelto en los cinco inmediatamente siguientes. De manera que, como mínimo, durante las dos próximas semanas cualquier actuación del Ejecutivo de Sánchez orientada a la exhumación de Franco, quedará bloqueada.

Y ello sin olvidar que la familia Franco todavía dispone de plazo para contestar al Gobierno sobre si se hará o no cargo de los restos del dictador, así como para ejercitar las medidas legales necesarias para evitar la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos, mediante el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo que en la anterior ocasión, y pese a rechazar entonces las medidas solicitadas por los herederos de Francisco Franco, ya advirtió a los socialistas que sería quien tuviese la última palabra en la polémica cuestión.