La Audiencia de Madrid rechaza archivar la causa contra Rato sobre la publicidad de Bankia

La Audiencia Provincial de Madrid ha denegado el sobreseimiento de la pieza del ‘caso Rato’ que investiga al ex vicepresidente del Gobierno y a personas de su entorno profesional, por presunta corrupción entre particulares en la adjudicación del contrato publicitario del debut de Bankia.

La sección número 23 desestima así el recurso de apelación interpuesto por uno de sus supuestos testaferros, Alberto Portuondo, al que se adhirió más tarde el exministro, al considerar que «es innegable» la existencia de «indicios de criminalidad» en la relación entre ambos.

Prueba de ello, expone, es el auto de 15 de septiembre de 2015, en el que la misma Audiencia advirtió de «la posible existencia de operaciones impulsadas desde Bankia en la época en la que era presidida por Rato y en las que supuestamente intervino Portuondo, primero como intermediario y posteriormente con una participación decisiva en las adjudicaciones de determinados contratos».

Estas operaciones están relacionadas con la campaña publicitaria del grupo que dio origen a Bankia en 2010 y que finalmente fue concedida a Publicis y Zenith, también investigadas en esta causa por haber participado en idéntico delito, tras sospechoso pago de unos 2 millones de euros a Portuondo, entonces asesor del banco y de las empresas.

El fisco sospecha que unos 835.000 euros habrían acabado en la «sociedad opaca del señor Rato», ingresos «no tributados correctamente» que habrían ocasionado un fraude al fisco de cerca de 280.000 euros entre 2011 y 2012.

El pasado agosto, la Audiencia Provincial ya pidió al titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que requiriese a Bankia «los nombres y apellidos de los integrantes del comité de medios», que efectuaron la evaluación de las agencias que participaron en el concurso en diciembre de 2010.

Dicha evaluación examinaba las propuestas que presentaron Publicis, Remo y Shakelton, siendo relevante «para tener en cuenta la valoración y el resultado del concurso», según exponía la defensa del ex ministro, que calificaba de «esencial» la identificación de un comité que podrían ser llamado a declarar por el juez en calidad de testigos con el fin de conocer todos los pormenores.