Las asociaciones de jueces ven desproporcionada la respuesta contra la sentencia de ‘La Manada’

Los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de España ven en general desproporcionada la respuesta contra la sentencia que ha condenado a nueve años de prisión a cada uno de los cinco integrantes de ‘La Manada’ por abusar sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, ha señalado que «en una sociedad democrática las sentencias y las demás resoluciones judiciales son susceptibles de ser criticadas» y entiende que las críticas se produzcan en «un tema tan sensible».

«Ahora bien hay que tener en cuenta que esas críticas se produjeron de manera inmediata cuando deberían tener un sustento reflexivo tras un estudio más o menos técnico y no sé hasta qué punto las primeras reacciones partieron de una lectura de la sentencia que tiene más de 300 folios», ha añadido.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha recordado que «es legítimo que la sociedad se indigne» con una sentencia pero ha estimado que «la crítica pública debe estar fundamentada con un cierto rigor» y no basada en «falacias o falsedades».

Ha añadido que «los juicios no se ventilan en un mitin sino en una sala de vistas en la que se garantizan los derechos tanto de los acusados como de las víctimas», y además es una sentencia condenatoria contra la que caben recursos en varias instancias.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, estima que «es una actuación del poder judicial que puede ser corregida vía recursos».

Para Raimundo Prado «se ha producido una reacción desproporcionada que demuestra una falta de educación general y cultura democrática que recuerda a la ley de linchamientos del Oeste».

La portavoz de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha indicado que hay que respetar a las víctimas pero también a las resoluciones judiciales.

Además, «se trata de tipos penales ambiguos y mal redactados y el derecho penal se rige por el principio de mínimos y por la presunción de inocencia».

Es una sentencia «trabajada y fundamentada» contra la que caben recursos, ha concluido.