Anticorrupción pide el archivo de la pieza separada de ‘Taula’ siete años después de la investigación

La Fiscalía Anticorrupción acaba de dar carpetazo a la pieza separada del caso Taula que investigaba el presunto saqueo de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA), dedicada a la construcción de colegios. Ha sido el fiscal Pablo Ponce quien ha pedido el sobreseimiento de la causa que afectaba a ex dirigentes del PP siete años después porque considera que el presunto delito -cometido entre 2005 y 2006-, está prescrito.

La pieza G relativa a Ciegsa nació de las grabaciones secretas realizadas por Marcos Benavent, autodenominado el yonqui del dinero, de las que se desprendería que junto con Alfonso Rus, ex presidente popular de la Diputación de Valencia, “cobraron ciertas cantidades de dinero” de algunas adjudicaciones públicas para la construcción de colegios.

En esta pieza también estaban investigados el ex consejero de Ciegsa y ex secretario de Educación, Máximo Caturla, además de diferentes arquitectos y técnicos de la empresa que presuntamente pagaron las mordidas. También llegó a apuntar a la posible financiación ilegal del Partido Popular tanto a nivel regional como provincial. Todo ello, sostenía, provocó sobre costes en las construcciones de los centros educativos.

No es la primera vez que el fiscal Ponce hace movimientos dudosos en diferentes causas, ya que, cabe recordar que durante el ‘Caso Erial’, la indignación de varios abogados, llevó a plantearse interponer una queja ante la Inspección Fiscal de dicho organismo.

En el informe del ‘Caso Taula’, el Fiscal Ponce señala que los hechos investigados en esta pieza sólo podrían ser perseguidos por el presunto delito de cohecho, que prescribe a los tres años. Las presuntas mordidas supuestamente se pagaron en los años 2005 y 2006, por lo que «debe concluirse que ha transcurrido el plazo legal de tres años, por lo que el delito ha prescrito». Una decisión que se adopta casi ocho años después de que comenzaran a investigarse los hechos en 2015, según recoge el Fiscal Anticorrupción.

Además, se investigaron algunas adjudicaciones de obra de colegios públicos en las que, supuestamente, «se favorecía a determinadas empresas a cambio de comisión o dádiva, con una finalidad de lucro que podría tener su origen en la financiación de un determinado partido político o, alternativamente o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal», según consideró el juez cuando abrió la pieza separada en febrero de 2018.

Inicialmente, los hechos investigados eran constitutivos, presuntamente, de varios delitos contra la administración, malversación, prevaricación y cohecho. La malversación es el delito más grave, con un plazo de prescripción de hasta quince años en los casos más complejos.

Esta investigación, sin embargo, parecía en punto muerto desde hace tiempo y ha sido ahora cuando Pablo Ponce, el fiscal del caso, sostiene que el presunto cohecho se encuentra prescrito para Rus, Caturla y Benavent porque los presuntos delitos se cometieron en los años 2005 y 2006.