Admitida la querella de Anticorrupción contra cargos del Gobierno de Canarias por el ‘caso mascarillas’
El Gobierno del socialista Torres contrató las mascarillas que jamás llegaron a una empresa de coches
Anticorrupción se querella contra el Gobierno socialista de Canarias por el caso de las mascarillas
El Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, la directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, y el responsable de RR7 United, Rayco González, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales relacionados con el denominado ‘caso mascarillas’.
Este caso tiene su inicio en 2020, con el estado de alarma , sobrevenido después en inconstitucional en vigor, por la realización de un contrato de emergencia para dotar a los hospitales públicos del archipiélago de un millón de mascarillas de la máxima protección (FFP3).
A esta fecha el Gobierno canario no ha podido recuperar ni uno de los cuatro millones de euros pagados a una empresa dedicada a la compraventa de vehículos sin haber recibido ni una sola unidad del material comprometido.
De este modo, y según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la autoridad judicial ha ordenado la práctica de todas las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en su escrito.
Esta decisión se ha conocido el mismo día de la comparecencia en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias del consejero socialista de de Sanidad, Blas Trujillo, y del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez.
Domínguez argumentó ante los parlamentarios canarios que la normativa autorizada por el Gobierno de España bajo el paraguas del estado de alarma ( que después fue declarado inconstitucional) permitía contrataciones inmediatas y con pagos anticipados por la situación de la emergencia.
Por su parte el consejero socialista Trujillo respaldó que la excepcionalidad de la situación habilitaba la realización de contratos de más de un millón de euros sin autorización expresa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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