Las actas de ETA revelan que Zapatero cesó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional que se oponía a negociar con la banda

Los enviados del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero para negociar con ETA comunicaron a los etarras que el Ejecutivo había cesado en febrero de 2006 al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para blindar el llamado proceso de paz, según consta en las actas de la organización de la banda a las que ha tenido acceso Europa Press.

Esta información está recogida en concreto en un acta en el que se recogen las reuniones que comenzaron el 22 de junio de 2006. Esos encuentros comenzaron con los reproches de los negociadores de la banda terrorista al Ejecutivo por las 13 detenciones que se habían practicado en mayo de ese año para desmantelar una red de extorsión de la organización, entre los que estaba el dueño del bar Faisán.

Los enviados de ETA reprocharon al Gobierno del socialista la actitud que habían mantenido sus ministros, entre ellos Rubalcaba y López Aguilar, asegurando que sabían que se iban a producir las detenciones, que eran producto de la colaboración con ETA y que ni magistrados, ni policías estaban con los brazos cruzados. En opinión de ETA esta era una actitud «saboteadora» del proceso.

Sin embargo, los enviados de Zapatero aseguraron que habían intentado parar la operación pero que no habían podido conseguirlo. Calificaron la misma como «accidente grave», pero culparon al juez que dirigió la misma, el actual ministro Fernando Grande Marlaska. «Es un accidente importante y cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis», aseveró entonces uno de los negociadores de Zapatero ante los terroristas.

Y el otro representante del Gobierno que estaba en la reunión, apostilló que el Ejecutivo había hecho cambios «con la intención de blindar el proceso» y puso como ejemplo el «cambio de fiscal jefe de la Audiencia Nacional».

La salida de Fungairiño, que llevaba en el cargo desde 1997, se había producido cuatro meses antes, el 2 de febrero, dadas las diferencias que había entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que se oponía a la negociación con ETA, con el fiscal general del Estado, entonces Cándido Conde Pumpido. Aunque en aquel momento, Fungairiño, que falleció el pasado 30 de junio, alegó que dimitía por razones personales.

«Os quedará la duda, pero el Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura», añadía entonces el segundo negociador del Gobierno ante la banda. Y, tras insistir en que el Ejecutivo tenía la sensación de haber hecho «mucho por el proceso», argumentó que el PP había encontrado su «agarradero» en la judicatura y en las víctimas.

Un argumento que apoyó su colega en la negociación, quien afirmó que el Gobierno no contaba con el nivel de ataque del PP, pero que, sin embargo, los jueces se habían convertido en «un instrumento» de los ‘populares’ y «hacen cosas que en otra situación no harían». De hecho, añadió que el juez Grande Marlaska estaba investigando si el Gobierno había dado la orden a policías de no realizar detenciones.

Algo que el negociador del Ejecutivo reconoce ante los terroristas que sí han hecho, cuando les explica que se les ha comunicado a Policía Nacional, Guardia Civil y a la policía francesa que no hagan detenciones, aunque ha sido muy difícil hacerlo porque esas órdenes «no se pueden dar por escrito» y la «Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada».