Abascal hubiera votado «no» al decreto de los fondos europeos si hubiera conocido el dictamen

La abstención de Vox facilitó en enero al Gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante el decreto-ley de los fondos europeos para hacer frente a la crisis del coronavirus. Una decisión que fue fuertemente criticada tanto por el PP como por Ciudadanos, por dar al Ejecutivo socialcomunista el poder de repartir las ayudas como les plazca.

Vox justificó su decisión asegurando que no querían » que estos fondos se demoren ni un día más» y «que llegaran cuanto antes». Lo cierto es que el Gobierno salvó el decreto gracias a los de Santiago Abascal, ya que en el último momento sus socios separatistas de ERC decidieron votar ‘no’.

Un mes después de esta decisión, Santiago Abascal reconoce que si hubieran conocido el informe del Consejo de Estado antes de la votación, Vox hubiera votado rotundamente en contra. Y es que, el Gobierno no quiso hacer público ese informe antes de la votación porque en él se censuraba al Ejecutivo por «la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones».

Es decir, el informe era crítico con el decreto sobre los fondos europeos del Gobierno y entonces Pedro Sánchez decidió que no viera la luz. Hace una semana salió público y es entonces cuando, según ah reconocido el propio Abascal, se dio cuenta de que tendría que haber dicho ‘no’ al decreto.

El líder de Vox ha defendido en una entrevista en Antena 3 que tomaron esta decisión de abstenerse de manera compartida entre la dirección del partido y que lo hicieron por «responsabilidades patrióticas». Así, ha negado que la responsabilidad cayera en el portavoz del Grupo en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y ha justificado su abstención en que ERC «estaba chantajeando» con los Presupuestos «de todos los españoles».

Eso sí, ha admitido que esta decisión no se ha entendido en algunos sectores de la sociedad y ha llamado a hacer una «reflexión» porque, según ha asegurado, Vox es un partido muy previsible que normalmente no toma decisiones en contra de lo previsible.

«Fue una decisión colectiva del partido. La meditamos el tiempo que pudimos, aunque con el informe del Consejo de Estado la decisión habría sido otra. Las decisiones en Vox se toman colectivamente y las asume el presidente del partido», ha subrayado Abascal.

El informe del Consejo de Estado

El Consejo de Estado censuró al Gobierno de coalición por «la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones» en el decreto para el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción de la economía tras la pandemia.

Este dictamen fue ocultado por el Gobierno al Congreso de los Diputados durante el debate para convalidar las normas que regirán en la gestión de los 140.000 millones de euros que llegarán a España procedentes de Bruselas. El líder del PP, Pablo Casado, acusó a Moncloa de haber sustraído el informe al conocimiento de los diputados por su contenido altamente crítico con las disposiciones del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Y Casado tenía razón. Aprobado por la Comisión Permanente el pasado 21 de diciembre, pero difundido hace sólo una semana por el propio Consejo de Estado tras la petición de un particular al Portal de Transparencia, el dictamen incluye a lo largo de 97 páginas un catálogo de observaciones «esenciales» encaminadas a garantizar «un elevado nivel de seguridad jurídica y económica» en el reparto del maná presupuestario procedente de la Unión Europea, dado que, advierte, Bruselas desempeñará un «papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos».

El Consejo de Estado expresa su preocupación «ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones». Todo ello sin justificación previa puesto que, como aseguran los autores del dictamen, si algo caracterizó al expediente del decreto presentado por el Gobierno fue la ausencia de «toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso supresión, de los mecanismos de control».

La observación más relevante del dictamen del organismo que preside la socialista María Teresa Fernández de la Vega se refiere a «la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones».

Así, critica la supresión de la autorización de la ministra de Hacienda (una práctica que «no parece aceptable»), el hecho de que incumple la exigencia de evaluar el impacto presupuestario, la supresión de informes preceptivos y de los controles económico-presupuestarios que suprimen las autorizaciones para celebrar los convenios.

Además, el Consejo de Estado recomienda «reforzar los mecanismos de supervisión de los proyectos de obras y de responsabilidad de los proyectistas y supervisores», así como «la necesidad de contar con plazos suficientemente amplios para realizar las evaluaciones ambientales con todas las garantías».

El Consejo de Estado expone una «severa crítica» al Gobierno por no haber incluido en el expediente informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que le habría permitido evaluar mejor sus medidas.