Un trabajador perdió su empleo por un error al calcular su jubilación y ahora la Justicia obliga a indemnizarle con 15.439 euros
El ICASS admitió que calculó mal los años de cotización y ahora tendrá que pagar una indemnización
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Un trabajador del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se quedó sin trabajo después de que la Administración diera por hecho que podía jubilarse. El problema llegó cuando se comprobó que no había cotizado los años suficientes para acceder a la pensión. Para entonces ya había sido cesado y, durante un tiempo, se encontró sin trabajo y sin jubilación.
El asunto acabó en el Tribunal de Instancia de Santander, que ha declarado improcedente el despido y ha fijado una indemnización de 15.439,43 euros. Durante el procedimiento, además, el propio ICASS admitió que se había equivocado al calcular el periodo de carencia del empleado. De haberse hecho correctamente, el trabajador habría seguido en su puesto porque todavía no reunía los 15 años de cotización exigidos.
Despidieron a un trabajador por jubilarse antes de tiempo debido a un error de la Administración
El trabajador llevaba prestando servicios para el organismo cántabro desde diciembre de 2018. Lo había hecho mediante distintos contratos temporales y con la categoría de auxiliar de enfermería. A finales de 2024 se encontraba sustituyendo a otro empleado que estaba de baja por incapacidad temporal. Fue entonces cuando recibió una notificación del ICASS en la que se le comunicaba que dejaría de trabajar a finales de marzo de 2025, fecha en la que alcanzaba la edad prevista para la jubilación.
El instituto apoyó su decisión en una modificación parcial del convenio colectivo que establecía la jubilación obligatoria, con carácter general, al alcanzar la edad legal correspondiente. También pidió al empleado que presentara la documentación del Instituto Nacional de la Seguridad Social relacionada con su futura pensión. La comunicación contemplaba incluso la posibilidad de que no reuniera el periodo de cotización necesario. En ese supuesto, el cese tendría que producirse cuando finalizara el contrato que mantenía en vigor. Pero no fue eso lo que terminó ocurriendo.
No había cotizado los 15 años necesarios para jubilarse
Cuando se revisaron las cotizaciones se comprobó que el trabajador no reunía el periodo mínimo exigido para cobrar una pensión contributiva de jubilación. Le faltaban años para alcanzar los 15 que, con carácter general, son necesarios. Pese a ello, dejó de trabajar en marzo de 2025. El resultado fue precisamente el que denuncia CSIF, sindicato que asumió su defensa jurídica: el empleado quedó «sin empleo y sin la posibilidad de jubilarse».
Después de su salida, el ICASS recurrió a otra persona de la bolsa de contratación para continuar cubriendo la baja por incapacidad temporal que hasta entonces había atendido el trabajador despedido. Además, éste había sido eliminado de las listas precisamente por considerar que ya debía jubilarse. Con el procedimiento judicial ya iniciado, la propia Administración reconoció que aquello había sido un error. El cálculo del periodo de carencia no se había realizado correctamente y, por tanto, tampoco existía motivo para dar por terminada la relación laboral en esa fecha.
La Administración admitió que tendría que haber seguido trabajando
La sentencia recoge de forma expresa el reconocimiento del error por parte del ICASS. «La Administración reconoce dicho error, y reconoce que no debía haberse producido el cese porque no se cumplía el periodo de los 15 años, y que por tanto debía haber continuado el contrato hasta la incorporación del trabajador al que sustituía», señala la resolución facilitada por CSIF. Ese último punto también resulta relevante. El contrato del empleado estaba vinculado a la sustitución de una persona que seguía en situación de incapacidad temporal, de modo que la relación laboral podía haberse mantenido mientras continuara esa circunstancia.
La persona sustituida no se reincorporó hasta diciembre de 2025. Es decir, varios meses después de que el afectado hubiera sido apartado de su puesto por una jubilación a la que, en realidad, todavía no tenía derecho. El propio ICASS terminó sosteniendo en el procedimiento que lo ocurrido debía calificarse como un despido sin causa y no simplemente como un cese derivado de la jubilación. La jueza ha aceptado ese planteamiento y lo ha declarado improcedente.
El trabajador recibirá 15.439 euros de indemnización
La resolución fija para el afectado una indemnización de 15.439,43 euros. Es la cantidad que tendrá que abonarse después de que el tribunal haya considerado que la finalización del contrato no estuvo justificada. CSIF ha puesto el acento en el error cometido antes de tomar una decisión que afectaba directamente al empleo del trabajador. De haberse comprobado correctamente su vida laboral, no habría sido cesado por jubilación porque no cumplía el requisito básico para acceder a ella.
Durante meses quedó en una situación difícil debido al error administrativo que la propia Administración ha terminado reconociendo. Había alcanzado la edad prevista para jubilarse, pero no tenía cotización suficiente para cobrar la pensión, y al mismo tiempo ya había perdido el trabajo que podía haber seguido desempeñando durante varios meses más. La sentencia corrige ahora aquella decisión con la declaración de improcedencia del despido y una indemnización de 15.439,43 euros.
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