Los Técnicos de Hacienda: «el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal siguió defraudando»

La amnistía fiscal sigue dando de qué hablar. No hace ni dos semanas que el Tribunal Constitucional anuló el decreto aprobado en 2012 por el Gobierno y ahora, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado que el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal siguieron defraudando después de regularizar su situación con Hacienda.

Esta cifra equivale al porcentaje más elevado de fraude dentro de todos los grupos de contribuyentes que hay en España: la Agencia Tributaria (AEAT) ha detectado que 3.413 personas que fueron inspeccionadas se habían acogido a la amnistía y se descubrió una deuda impagada de 238 millones de euros, lo que supone una deuda media de 69.733 euros. Para Gestha, esta es la prueba evidente de que las amnistías fiscales son muy poco eficaces para modificar la actitud del evasor, y posicionan a los amnistiados en el grupo de contribuyentes con riesgo extremo de seguir defraudando.

Por ello, pide al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que esta tarde comparece en el Congreso por la sentencia del Tribunal Constitucional, que ordene una investigación tributaria de las 29.065 personas y 618 sociedades que se acogieron a la amnistía para determinar si han cambiado su compartimiento evasor o siguen defraudando, como ya se ha comprobado en el 11,5% de los amnistiados.

Fraude y blanqueo de capitales

Pero no solo se trata de fraude, sino también de blanqueo de capitales. En estos años de investigaciones, también se ha detectado que 705 personas que tienen indicios de haber blanqueado capitales se habían acogido igualmente a la amnistía fiscal, lo que representa nada menos que al 3,4% de los amnistiados y nuevamente les sitúa en el grupo de contribuyentes con riesgo alto de lavado de dinero. De ahí que los Técnicos exijan una revisión exhaustiva de todas las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía ahora declarada nula para determinar el número total de personas que hayan blanqueado capitales.

Gestha intuye que estas cifras pueden ser solo la punta del iceberg de muchos más casos similares, de modo que considera imprescindible que se realice un control exhaustivo a la totalidad de estos contribuyentes.

El 97% de la evasión fiscal siguió oculta

Para demostrar la poca eficacia de la amnistía, los Técnicos resaltan que la recaudación que se logró con ella, que fue de apenas 1.191 millones -la mitad de los 2.482 millones previstos por Montoro- y que afectó principalmente a los años 2008 a 2010, supone menos de un 3% de la evasión total del país en esos tres años. Es decir, el 97% de la evasión siguió manteniendo sus activos ocultos.

El ejemplo más paradigmático de esta confianza en no ser detectados por el Fisco fue la familia Pujol, que dejaron correr esta amnistía y las anteriores, y tuvieron que presentar declaraciones complementarias cuando las Autoridades de Andorra iban a enviar la información de varias cuentas opacas a la Audiencia Nacional.

Además, Gestha también destaca que la amnistía supuso un menoscabo para las arcas del Estado, ya que la AEAT podría haber recaudado entre 5.300 y 8.700 millones de euros si hubiera aplicado los tipos de gravamen, intereses y sanciones que corresponderían a esos 12.000 millones en patrimonio aflorado con la amnistía.

Modificación de la Ley General Tributaria

Pero no solo eso, pues la amnistía también tuvo consecuencias para las declaraciones complementarias, pues ya no era necesario presentarlas, sino pagar el 10%, lo que supuso que se desplomaron a partir de 2013.

Por otra parte, este derrumbe revela además que la práctica totalidad de los 88.000 millones de bienes en el extranjero que se declararon por primera vez en 2013 realmente ya habían aflorado y procedían de períodos prescritos o de las evasiones que ya se habían regularizado con la amnistía, porque en caso contrario, los titulares de esos bienes habrían presentado complementarias que no se reflejan en las cifras del cuadro anterior.

A la vista de todos estos datos, Gestha pide que se modifique la Ley General Tributaria para establecer que no se puedan aprobar futuras amnistías fiscales. Igualmente, solicita que se hagan públicos los nombres e importes de la amnistía fiscal y que se lleve a cabo esa investigación a todas y cada una de las personas y empresas que se acogieron a ella.