Los sindicatos de Correos acusan al amigo de Sánchez de mandarles un «gorila» para agredirles

Los sindicatos han acusado al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano -amigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- de enviar a la negociación del convenio colectivo «a un lacayo de seguridad privada» para aplacar las quejas contra su «nefasta gestión».

«En concreto, un inspector de la empresa Sasegur, contratada por Correos por 16,2 millones de euros, para arremeter violentamente contra la protesta sindical, lo que concluyó en una agresión inadmisible a tres delegadas de ambos sindicatos que fueron brutalmente golpeadas», detallaron.

Los sindicatos indicaron que Serrano «perdió los nervios una vez más» ante «el fracaso de la pantomima de negociación de convenio que había montado para hacerse una nueva foto de autobombo personal y político, que las
protestas de los delegados y delegadas de CCOO y UGT frustraron».

Las delegadas participaban en las protestas contra «la farsa de negociación del convenio colectivo» y presentaron denuncia en la comisaría de policía, con los partes médicos de las agresiones sufridas. «CCOO y UGT consideran intolerable la violencia antisindical ejercida por el ‘gorila’ enviado por Serrano», por lo que  han exigido a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, y a la presidenta de SEPI, Belén Gualda González, la apertura de una investigación y la depuración de responsabilidades «al máximo nivel», además del cese inmediato del agresor.

«CCOO y UGT quieren denunciar que Serrano ni ha tomado medidas respecto de la agresión ni se ha preocupado por las agredidas, ni ha pedido disculpas por lo sucedido lo que hace más entendible que, a fecha de hoy, Correos, la mayor empresa pública de nuestro país, carezca de Plan de Igualdad, lo que supone un desprecio al 55% de mujeres de la plantilla, al conjunto de los trabajadores/as y a la sociedad», indicaron.

Los sindicatos, asimismo, denunciaron que el convenio colectivo tiene como objetivo «el desmantelamiento laboral, alcanzar entre 15.000 y 20.000 puestos a tiempo parcial (entre el 30 y el 40% de la plantilla), así como el recorte a final de legislatura de 15.000 empleos», tras haber eliminado 7.000 puestos desde 2018, hasta dejarla en 40.000 trabajadores.