Saracho pide suspender su declaración en Barcelona por la quiebra de Popular por «evitar gastos innecesarios»

El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho ha pedido a un juzgado de Barcelona que suspenda su declaración como testigo en el juicio por la demanda de un accionista de la entidad, por ser una prueba «totalmente desproporcionada» que puede «vulnerar» su defensa en el caso penal. En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, Saracho ruega que, de resultar imprescindible, pueda testificar por videoconferencia puesto que el día de la vista, el próximo 22 de mayo, «no existen medios de transporte» que permitan su desplazamiento desde Madrid, y «en aras de evitar la asunción de unos gastos que resultan a todas luces innecesarios».

Con todo, insta a la juez de Primera Instancia número 27 de la Ciudad Condal para que deje sin efecto la citación a fin de evitar posibles interferencias en el proceso, actualmente abierto en la Audiencia Nacional, en el que se le investiga junto a su antecesor Ángel Ron y sus respectivos Consejos de Administración.

Quien estuviera al frente del banco en el momento de la resolución, el pasado 7 de junio, insiste en que su declaración «resulta totalmente desproporcionada e inútil» en tanto que el papel que desempeñó en el Popular «no implica en modo alguno que conozca a los demandantes, ni por supuesto que participase en la comercialización de las acciones».

Una circunstancia que «supone, lógicamente, que aquello que pueda alegar no vaya a esclarecer los hechos controvertidos de esta causa ni hecho alguno» puesto que su desconocimiento «es absoluto».

Para Saracho, su comparecencia en el juicio podría sentar «un precedente emulado por otros juzgados del territorio nacional» a los que han acudido «multitud» de accionistas de la ampliación de capital realizada en 2016, y pone de ejemplo que ya ha sido citado en varios procedimientos en Oviedo, Madrid, Zaragoza, Sevilla y Granada.

Argumentos que el demandante, un accionista particular representado por el abogado Felipe Izquierdo, tilda de «frívolos», y habla del «sonrojo ajeno» causado por el expresidente del Popular al aludir «a lo gravoso que puede significarle un desplazamiento a Barcelona, cuando por escasos meses de trabajo cobró 4 millones de euros por prima de fichaje y casi 2 millones de sueldo».

Además, descarta cualquier tipo de incompatibilidad, ya que Saracho aún no ha sido llamado a declarar por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, y defiende la pertinencia de su testifical pues «bajo sus órdenes» se dieron los resultados de 2016, que arrojaban pérdidas de 3.486 millones de euros, y presidió el Consejo «donde se declaró la insolvencia de la entidad».

El pasado 6 de febrero, la titular del juzgado catalán acordó su comparecencia en el marco de la demanda interpuesta por el inversor, que perdió 28.000 euros por la operación acordada desde Europa, que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada.

Durante la vista preliminar, la magistrada requirió el acta del Consejo de Administración celebrado el 6 de junio, en el que, según fuentes jurídicas, sus integrantes reconocerían la insolvencia del Popular por falta de liquidez y problemas patrimoniales apenas horas antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutara la medida.

Precisamente la Fiscalía de Barcelona fue pionera a la hora de sostener que la entidad «proporcionó datos sobre su estado financiero que no se correspondían con el real» en la oferta de la ampliación de capital, donde «al menos al público en general no se le hizo saber la auténtica situación (…) para intentar sacarla -la operación- a flote».