Sánchez estudia convocar un consejo de ministros de Energía para salvar la ‘reforma Ribera’

Pedro Sánchez estudia convocar un consejo extraordinario de ministros de Energía antes del parón veraniego para poder iniciar las negociaciones del texto de reforma del mercado eléctrico adoptado por los cuatro principales grupos del Parlamento Europeo (populares, socialdemócratas, liberales y verdes). Los cuatro grandes grupos han pactado una postura conjunta para abordar la negociación final de la reforma del mercado eléctrico europeo con el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros. Está previsto que la Comisión de Energía e Industria de la Eurocámara vote el próximo 19 de julio, fecha a la que se llegará ya con el pacto entre los cuatro grandes partidos.

La postura adoptada supone una reforma parcial del mercado, en contra de la propuesta española que pretendía que la Unión Europea asumiera una reforma total del mismo. La propuesta española, elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que lidera Teresa Ribera que, entre otras medidas, abogaba por eliminar el sistema marginalista de fijación de precios o el establecimiento de un tope al precio de la energía. De forma que el consejo de ministros que se plantea el gobierno español buscaría ‘salvar’ más medidas de esa propuesta mediante un acuerdo directo entre gobiernos.

El texto pactado por las cuatro grandes formaciones políticas tiene que ser adoptado aún por la Comisión de Industria de la Eurocámara, donde se espera que se apruebe por «una amplia mayoría», antes de ser respaldado también por mayoría simple en el pleno, indicó a EFE el negociador jefe de la Eurocámara para la reforma, el español Nicolás González-Casares (PSOE).

El texto pactado entre los cuatro grupos políticos, que suman 433 de los 705 escaños del hemiciclo comunitario, mantiene la petición de mantener un tope de ingresos a las tecnologías marginalistas en caso de crisis de precios profunda y prolongada, pero revisa la ambición frente al borrador inicial.

El acuerdo establece que los países de la UE prohibirán la desconexión de clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética.

Los principales grupos de la Eurocámara también quieren prohibir las desconexiones durante los litigios judiciales o extrajudiciales entre el proveedor y los clientes, durante un periodo de ocho semanas.

El pacto también prevé que los Estados miembros adopten medidas específicas en invierno y en verano para que los consumidores puedan gestionar su consumo y evitar así facturas elevadas.

La nuclear sigue

Tal como preveía la Comisión Europea, el acuerdo mantiene a la energía nuclear en los Contratos por Diferencia (CfD), aquellos en los que el Estado acuerda con el generador un precio fijo de compraventa de electricidad en un plazo determinado y luego se devuelve la diferencia, en función de si el precio real ha sido más alto o más bajo que el estipulado.

Populares, socialdemócratas, liberales y verdes, decidieron que los ingresos de estos contratos se dirijan a los consumidores vulnerables «de manera prioritaria», así como a financiar la transición energética, a compensar sus propios costes y, en situaciones de crisis, a financiar la industria electrointensiva.

La forma en que deberán aplicarse los CfD es el principal punto de fricción entre los Veintisiete, que aún no han conseguido consensuar una postura conjunta para iniciar las negociaciones finales con la Eurocámara.

La principal complicación radica en determinar quién recibirá esos ingresos extraordinarios y en establecer si esos contratos se aplicarán a las centrales nucleares ya existentes que extiendan su vida útil o amplíen su capacidad como quiere Francia.

En una reunión de la semana pasada los embajadores de los Veintisiete persistieron en sus diferencias, en particular entre Francia y Alemania a propósito de la energía nuclear.

Por otra parte, el pacto alcanzado hoy por los principales partidos del Parlamento comunitario establece que la Comisión Europea estará obligada a declarar una crisis de precios de la energía si esta se produce y que en ese caso, se fije un tope de 180 euros por MWh.

Sin embargo, no se incluye un límite a los extraordinarios de las energías inframarginales (la nuclear y las renovables), aunque prevé que la Comisión presente un informe en junio de 2024.

Asimismo, contempla una mayor transparencia en los acuerdos de compra bilaterales (PPA).

La reforma pretende adaptar el mercado de la electricidad a la era de las renovables con contratos estables y a largo plazo que arrojen precios asequibles, garanticen la seguridad de suministro e incentiven las inversiones.