Sánchez castiga a los administradores en la ley concursal: elimina su presencia en el 90% de los procesos

Los administradores se han mostrado indignados con la nueva ley concursal de Sánchez. El anteproyecto de ley publicado casualmente en el mes de agosto, periodo en el que los administradores concursales interrumpen su actividad -dado que es un mes inhábil en los juzgados-, culpa a los profesionales de la ralentización de los concursos y recoge la eliminación de su figura en 2.700 procesos cada año, lo que supone el 90% de su actividad.

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el procedimiento especial para microempresas -aquellas que presentan un pasivo de hasta dos millones de euros-, en el cual se prescinde de la figura del administrador concursar para agilizar los trámites. Dado que el 90% de las empresas que se encuentran en concurso responden a esta característica, este ‘régimen especial’ se convierte en el procedimiento más generalizado del sector, reduciendo el número de concursos que requieren de administrador de 3.000 a 250 cada año.

Una cifra excesivamente reducida para los más de 12.000 administradores concursales que ejercen en España. Un colectivo que siente que el Gobierno de Pedro Sánchez esta demonizando su figura: una de las ideas que se deducen del texto es que son los administradores los responsables de la ineficiencia del sistema, introduciendo sanciones de una cuantía que supera la mitad de sus honorarios en el caso de incumplimiento de los plazos.

«No somos el problema, somos parte de la solución. Este es el único marco legal en el mundo que contempla la supresión de nuestra figura dentro de los concursos» señala Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC).

Diego Comendador señala que la dilatación de los procesos -por la que Sánchez quiere sancionar a los administradores- es en mayor medida responsabilidad de los juzgados, por lo que la responsabilidad de los profesionales del sector en los tiempos relacionados con los concursos es muy limitado.

Y la nueva ley no viene a reducir la ineficiencia del sistema precisamente. La eliminación de la figura del administrador concursal en 2.700 procesos anualmente no va a hacer mas que acentuar el problema. El anteproyecto del Gobierno recoge que serán los deudores los que mediante formularios telemáticos vuelquen los datos de pagos y proveedores al juzgado, generando un mayor colapso, dado que será el propio juzgado quien deba asumir la gestión que en estos momentos asumen los administradores.