Economía
Impuesto tecnológico

Sánchez aprueba el impuesto tecnológico el mismo día que Europa rechaza la otra ‘tasa Google’

El Gobierno español ha aprobado este viernes un nuevo impuesto para las grandes plataformas tecnológicas sin que todavía haya consenso en Europa para implantarlo a nivel continental y que no haya diferencias competitivas en la región. Pero no solo eso. Además, lo ha hecho el mismo día que en Europa se ha dado un golpe de gracia a una 'tasa Google' europea que ponga trabas a la reproducción de textos en los agregadores. España ya aprobó en solitario en 2014 una tasa similar y provocó el cierre de Google News sin que de momento ningún agregador de noticias pague un euro.

El fracaso absoluto de esa primera ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’, en referencia a la patronal de los editores de prensa escrita que presionó al Gobierno de Mariano Rajoy para sacarla adelante, se pone de manifiesto justo el día en el que el Ejecutivo español, ahora Pedro Sánchez, vuelve a obviar a sus socios europeos aprobando ya un nuevo impuesto que se está debatiendo en Europa para aplicarlo conjuntamente.

Este viernes, mientras la ministra portavoz Isabel Celáa anunciaba la aprobación del nuevo impuesto, el Consejo de la UE rechazaba la propuesta de la presidencia de turno de la Unión, que ejerce este semestre Rumanía, referente a la reforma de la Ley del Copyright. Esta ley es polémica, entre otras cosas, por los artículos 11 y 13, que limitan la agregación de contenidos a plataformas como Google o Youtube.

Se trata de una reforma en línea con la que aprobó España en 2014, que obligó a pagar una tasa a los agregadores que subieran noticias o textos de otros para proteger los derechos de autor. La consecuencia de esa norma solo ha sido una: el cierre en España de Google News. Nadie está pagando esa tasa salvo un pequeño agregador alemán, Xnet, propiedad de Axel Springer, uno de los grupos editoriales que más ha presionado en Bruselas para que se apruebe una ‘tasa Google’ europea.

Pero la resistencia de varios países ha hecho que este viernes su posible implantación haya sufrido un duro golpe. Once países, entre ellos Alemania, Italia y Portugal, votaron en contra de la propuesta de Rumanía en el Consejo de la UE. Eso ha provocado también que se cancele la reunión prevista para este lunes entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión para iniciar su negociación y posterior aprobación. La presión de Google, de algunos eurodiputados que están en contra, y de los creadores de contenidos en Internet ha surtido de momento su efecto.

La consecuencia es que esta ‘tasa Google’ europea ya no saldrá adelante antes de las elecciones europeas de mayo, aunque el proceso de tramitación sigue su curso y podría aprobarse en los próximos meses.

España

España, que apoya junto con Francia esa ley, lo ha vuelto a hacer y se ha adelantado al resto de Europa con el nuevo impuesto a las tecnológicas aprobado este viernes. Sánchez repite la estrategia de Mariano Rajoy y no espera a sus socios europeos. Veremos si con la misma suerte.

Porque la división europea en torno a la primera ‘tasa Google’ se está repitiendo con esta segunda. El Gobierno la ha aprobado con la intención de conseguir 1.200 millones de euros en ingresos -no ha explicado si se aplicará de forma retroactiva y como sorteará la prohibida doble imposición-, mientras en Europa se calcula que los ingresos para todo el continente alcanzarían los 4.500 millones.

Pero ese optimismo es solo uno de los problemas. Alemania no está por la labor de apoyar esa segunda ‘tasa Google’ y se trata de una cuestión de Estado para los Estados Unidos, que defiende a sus grandes compañías como Google o Amazon. España podría volver a quedarse sola en Europa.

Además, la norma aprobada por el Gobierno en España -si finalmente sale adelante en el Parlamento- genera dudas. Una de ellas es como se va a sortear la doble imposición, puesto que es ilegal gravar dos veces por una misma cosa a las empresas. Si ya se grava a través del Impuesto de Sociedades, hay dudas sobre si también se pueden gravar los ingresos. La ministra Celáa no aclaró este punto el viernes tras el Consejo de Ministros.