Salvador Alemany (Abertis) pide “seguridad jurídica” y “voluntad política” para invertir en España

El presidente de Abertis, Salvador Alemany, ha defendido hoy la colaboración público–privada en la gestión de infraestructuras y ha pedido “seguridad jurídica” y “voluntad política” para seguir invirtiendo en España. La compañía mantiene un litigio con el Ministerio de Fomento por la concesión de la autopista AP–7 que actualmente se encuentra en el Supremo.

En la rueda de prensa previa a la Junta General de Accionistas, Alemany ha destacado que España se encuentra “en un momento importante concesional” ante el vencimiento de tramos de algunas autopistas, como la citada AP-7, cuyo futuro está en el aire a la espera de lo que decidan las Administraciones Públicas.

Tal como avanzó OKDIARIO las autopistas de peaje pueden ir progresivamente desapareciendo en España si los dos principales partidos políticos no varían su postura. PP y PSOE pretenden ir retirando los peajes de las carreteras de pago según vayan venciendo las concesiones, abriéndolas al público sin coste alguno.

El problema fundamental de esta medida es que generará una presión sobre las cuentas públicas españolas, ya que todo el coste de mantenimiento lo deberá afrontar el estado. Los impuestos sustituirán a los peajes.

“No tenemos ningún problema para invertir en España y estamos abiertos a ello siempre que haya voluntad de la Administración, seguridad juridica y nos salgan los números”, ha señalado Alemany, “pero para ello debe existir voluntad política de que sigan existiendo autopistas de peaje”.

El Plan Relance galo, un modelo a seguir

Por su parte, el consejero delegado de Abertis, Salvador Alemany, ha puesto como ejemplo de modelo de colaboración público–privada es el Plan Relance, que se está implantando en Francia. El sistema es sencillo: la compañía se compromete a seguir realizando inversiones en las autopistas concesionarias a cambio de una ampliación de la concesión.

«Hasta que no sepamos quien va a ser nuestro interlocutor en el Gobierno no podemos valorar cual será el futuro del modelo concesional en España», ha indicado Alemany en referencia a la incertidumbre política tras el resultado electoral y la ausencia de un pacto de Gobierno.

La revisión de las concesiones se produce en un momento muy delicado para el sector. Varias de las autopistas están en situación de quiebra y, justo dos meses antes de las elecciones, la concesionaria de OHL que gestiona la autopista M-12 (que facilita el acceso al aeropuerto de Barajas) entró en vía de liquidación por decisión judicial.

Concesionarias en concurso de acreedores

En los últimos tres años hasta ocho concesionarias de autopistas de pago se han declarado en concurso de acreedores y el Estado afronta un proceso de nacionalización, como en el caso de las autovías de Madrid. El agujero ronda los 4.000 millones de euros y el Gobierno ha pactado con los acreedores (los bancos) una quita del 50%.

Abertis cuenta actualmente con una capacidad de inversión de 4.000 millones de euros. Además, la citada autocartera del 8,2% supone un potencial inversor de otros 1.000 millones de euros más, que se emplearán en la adquisición de nuevas infraestructuras en el extranjero.