Los Rubiralta agitan el temor de que los fondos se lleven Celsa a Luxemburgo y eviten la Ley española

El plan de los fondos de reestructuración financiera de Celsa contempla la creación en Luxemburgo de sociedades que se harían cargo de cerca de 1.000 millones de euros de deuda del grupo siderúrgico catalán, de acuerdo a fuentes conocedoras de las negociaciones.

Los fondos propietarios de la deuda de Celsa, unos 2.200 millones del total de la deuda del grupo, cercana a los 3.000 millones, presentaron el pasado 26 de septiembre un plan de reestructuración ante el Juzgado Mercantil número dos de Barcelona, estrenando así la nueva Ley Concursal, que ofrece la posibilidad a los acreedores de presentar una propuesta de reestructuración que evite activar el proceso concursal.

Ese mismo plan de los fondos ofrece convertir 1.291 millones de euros de la deuda de Celsa en acciones, tomando así el control del grupo. Según las fuentes consultadas por este diario, cerca de 1.000 millones más de deuda de la compañía productora de acero en manos de los fondos sería traspasada a sociedades en Luxemburgo.

Las mismas fuentes indican que los Rubiralta ven con especial recelo la creación de estos vehículos financieros en Luxemburgo, ya que consideran que en la práctica supondría alejar de España la toma de decisiones que afectaran a Celsa; que los dueños del grupo serían los mismos que sus acreedores; y que las plusvalías obtenidas en la operación de financiación por los fondos evitarían el fisco español.

Según las mismas fuentes, la estructura luxemburguesa planteada por los fondos en su propuesta de refinanciación es liderada por el despacho internacional Houlihan Lockey, que ya ha aplicado fórmulas similares en otros conocidos casos de reestructuración financiera, como en el grupo de juego español Codere.

Los fondos aseguran que desde 2020 han estado «buscando proactivamente una solución consensuada a la situación financiera de Celsa», y que la empresa no ha hecho «ningún intento razonable de llegar a un acuerdo», indicaron en un comunicado conjunto enviado el pasado 26 de septiembre.

Fuentes cercanas a los fondos consultadas por este diario aseguran que Celsa seguirá siendo una empresa española en el caso de que accedan al control del grupo, y añaden que la compañía ya cuenta con una estructura legal en Luxemburgo. Además aseguran que en el plan de reestructuración no se hace mención al traspaso de deuda al país europeo.

Desde Celsa se ha subrayado a este periódico que la compañía no está en preconcurso de acreedores, y que sus cifras de negocio han mejorado sustancialmente desde que en 2020 el impacto de la pandemia impidiera al grupo atender sus obligaciones con acreedores. También aseguran que el contenido del plan de reestructuración no es público y que por tanto no pueden referirse al mismo.

El desacuerdo entre los fondos y los Rubiralta está entorpeciendo la llegada de una ayuda concedida por el fondo de rescate de la Sepi a Celsa, de 550 millones de euros, supeditada a un acuerdo de refinanciación. También obstaculiza la negociación entre Celsa y la banca española para ampliar los vencimientos de una deuda de circulante de otros 500 millones de euros.

Los fondos Internationale Kapitalanlegegesllschaft, Cros Ocean, Sculptor Investmwents, Deutsche Vank, Trinity Investment, Goldman Sachs, Canyon Capitale, Achorange, son los propietarios actuales de la mayor parte de la deuda de Celsa, después de que en 2017 la banca española acreedora del grupo productor de acero que emplea a 4.500 personas en España la vendiera a fondos internacionales.