¿Qué ocurrirá en España si finalmente no llegan los fondos europeos?

Con la aprobación del nuevo cuadro macroeconómico los gobernantes comienzan a ser conscientes de que nos encontramos ante una crisis sin precedentes en nuestra historia reciente. La revisión a la baja de las perspectivas se produce tras el deterioro que vive nuestra economía, al menos en su contraste con otra serie de economías homólogas que han demostrado una mayor resiliencia.

Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los principales organismos económicos en el planeta muestran cómo la economía española está comportándose peor de lo previsto.

Su menor capacidad para la recuperación, así como el intenso deterioro que recogen todos los indicadores al respecto, comienza a preocupar a los gobernantes en Bruselas que -pese a esa condescendencia con España en la negociación de los fondos- observan temerosos el comportamiento de nuestra economía.

Sabiendo que entrábamos en esta crisis con una serie de dolencias estructurales que dificultaban la maniobra de España frente a la crisis, la situación con la que saldría nuestro país del núcleo de esta dura contracción, ensombrece el futuro de nuestra economía.

El nuevo cuadro macroeconómico que elabora el Gobierno, en la línea con el que ofrecen otros organismos, sitúan la contracción que prevé experimentar la economía española en el 11,2% del PIB. Una caída que, además de no encontrar precedentes en años pasados, sigue agravando la situación que presenta el país.

El Gobierno considera que tras la crisis, el nivel de deuda pública y de déficit, podrían superar sus niveles máximos, llegando a rozar un nivel de deuda que podría situarse en torno al 120% del PIB, así como un déficit ligeramente superior al 10%.

Repercusión en el empleo

Todo ello, en adición al hecho que supone el haber entrado en esta crisis con un paro estructural que se situaba en un 14%, siendo uno de los niveles de paro más elevados de la Unión Europea, y que tras la crisis podría llegar a situarse en el 20%. Este dato no asciende al 30%, por ese menor acoplamiento en la destrucción de empleo y las medidas que, como los ERTE, amortiguaron el impacto de dicho shock.

Como vemos, la economía española no solo entraba en esta crisis muy dañada, sino que sale como la economía más deteriorada del bloque europeo. En el caso de darse nuevos rebrotes, la OCDE la sigue situando como la economía que más capacidad de deterioro presenta del conjunto de economías que integran el organismo.

Y esto debería preocuparnos, ya que la autocomplacencia y el interés político sigue primando en la tribuna pública. La misma autocomplacencia y el mismo interés que nos llevó a entrar en esta crisis con una deuda que rozaba el 99% del PIB, así como un déficit que incumplía el acuerdo alcanzado con Bruselas en pro de una consolidación fiscal.

La gestión de la economía española ha sido duramente cuestionada en sede comunitaria. Los continuos incumplimientos en los que ha incurrido el país o la falta de capacidad para reducir el endeudamiento, son indicadores que señalan cómo la economía española sigue mostrando claras divergencias que ponen en entredicho la gestión de nuestros políticos.

Un rescate con condiciones

En este sentido me estoy refiriendo al fondo de rescate, al cual España confía su recuperación. Un fondo para el que nuestro país precisa entregar los proyectos que consideren ejecutables, así como ser aprobados por la Unión Europea.

Y es que cabe resaltarlo, pues en ocasiones olvidamos la condicionalidad impuesta, que se ve reforzada por nuestros socios europeos ante la incorrecta gestión que nos precede. Ni el rescate europeo podrá garantizar la recuperación.

En este sentido, el último informe publicado por el Center for Economic Policy & Political Economy de ESADE, muestra que, para la selección de los proyectos, no solo hay que tener en cuenta las prioridades establecidas por Bruselas, sino también a la capacidad de gestión de las diferentes administraciones responsables de ejecutarlos.

El compromiso alcanzado el pasado julio por la Comisión Europea representa el paquete de ayudas más ambicioso de la historia reciente. Para España, en los próximos cinco años, la cifra de inversiones a desembolsar podría superar el 3% del PIB anualmente. El uso de esa financiación representa una oportunidad única para España, pero también un reto, para una gestión que no se caracteriza por ser ni efectiva ni eficiente.

Un reto que anteriormente ha sido un fracaso, dado que resaltan hechos como el de que a finales de 2019 España no había certificado más del 35% de los fondos disponibles con los que contaba el país.

Si a esto le añadimos que en lo que respecta al rescate y los fondos europeos, nada se encuentra garantizado, a la vez que estos quedan en manos de los mandatarios españoles, la recuperación de la economía española sigue siendo una incógnita que seguimos sin poder despejar.