La prórroga de los Presupuestos abrirá una brecha fiscal de 17.000 millones de euros en 2017

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como consecuencia del bloqueo político tira por tierra todos los esfuerzos realizados para cumplir los objetivos de déficit público pactados con Bruselas y puede provocar que la Comisión Europea sancione a España. El hecho de que no se puedan aprobar unas cuentas públicas para 2017 abrirá una brecha fiscal de 17.000 millones de euros, equivalentes a 1,7 puntos del PIB.

Según las cifras que maneja la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), España cerrará el año con un déficit público del 4,7% del PIB si el Gobierno no es capaz de sacar adelante la normativa de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, una medida que ha prometido el Ministerio de Economía a la Comisión Europea pero que debe ser aprobada por el Parlamento. El departamento que dirige Luis de Guindos cifra en 6.000 millones de euros los ingresos esperados este año con la reforma que ahora ha quedado en el aire.

El nuevo calendario fiscal pactado con las autoridades comunitarias fija el déficit público máximo en el 4,6% del PIB para este año, por lo que si el Gobierno no encuentra la forma de aprobar la citada reforma tributaria, la brecha será de una décima del PIB en 2016, es decir, de unos 1.000 millones de euros. Sin embargo, el problema viene en las cuentas de 2017 que, con unos PGE prorrogados, volverá a registrar un déficit del 4,7% del PIB, frente al 3,1% pactado con la UE. Es decir, que el próximo año la diferencia sería de 1,6 puntos, unos 16.000 millones de euros.

En total, sumando ambos desfases presupuestarios, el agujero presupuestario rondará los 17.000 millones de euros, lo que equivale casi a una cuarta parte de toda la recaudación anual del Impuesto sobre la Renta o el volumen que destina el Gobierno al pago de prestaciones por desempleo. La AIReF considera que la brecha puede incluso ser mayor “si las comunidades autónomas no aplican una política de contención de gasto público”, según señala en su informe del pasado julio.

De hecho, el bloqueo político va a impedir también que las comunidades autónomas se beneficien de la ampliación del déficit público hasta el 0,7% del PIB acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado abril. Como no se ha aprobado en trámite parlamentario el limite se mantiene en el 0,3% del PIB, lo que obligará a los gobiernos regionales a asumir ajustes por valor de 4.000 millones de euros.

En este contexto, los ministerios de Economía y Hacienda están analizando cómo aprobar medidas de ajuste que permitan cumplir con el nuevo calendario pactado con Bruselas a pesar de la prórroga presupuestaria. El próximo 15 de abril el Gobierno español deberá tener listo un documento en el que desglose cómo va a cumplir con sus compromisos fiscales y, si no convence a las autoridades comunitarias, las cuentas públicas podrán sufrir la congelación de fondos estructurales e, incluso, una sanción monetaria.

Fuentes de La Moncloa han recordado a OKDIARIO que la Ley del Gobierno no permite a un Ejecutivo en funciones aprobar reformas que sean distintas al “despacho ordinario de asuntos públicos”, pero que deja la puerta abierta a hacerlo en “casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general”. De hecho, ya hay precedentes, ya que cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones generales a finales de 2011 tuvo que aprobar por decreto la subida de las pensiones y los sueldos de los funcionarios porque, en aquella ocasión, también hubo que prorrogar los presupuestos.

Estas incógnitas se resolverán una vez que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, comparezca en el Congreso, donde acudirá “en las próximas semanas” para explicar los detalles de la prórroga presupuestaria y anticipar los detalles del plan de ajustes que enviará a Bruselas antes del 15 de octubre, según las fuentes consultadas.