El socialismo acaba con el dinero de los demás

Esta semana aparecía entre vítores y exaltaciones un nuevo titular en la prensa económica: «La reforma laboral de Milei impulsa la ‘mochila austriaca’ para abaratar los costes de despido». El equipo de desinformación sincronizada se apresuraba a completar el titular con una crítica voraz y cuasi energúmena, una vez más, sobre Javier Milei.

Argumentaban que esta reforma ataca los derechos de los trabajadores, en una nueva medida radical de la extrema derecha. Pero nuevamente, la narrativa, burda e hipócrita, no se basa en cuestionar el fondo, sino en criticar de mala manera el titular, con un único objetivo: crispar y demonizar todo aquello que implique esfuerzo, sacrificio y audacia.

Lo curioso del tema, es que probablemente esta medida sea más cercana a una propuesta del malogrado partido centrista español Ciudadanos, que de un líder anarcocapitalista. Es decir, que aquí Milei seguro está proponiendo un cambio más centrado en una transición, que en una medida que para nada es anarcocapitalista.

Pero vayamos al fondo y el origen del problema. El mayor malentendido económico de nuestra época es pensar que cotizar equivale a ahorrar. Lejos de esta idea, el sistema público de pensiones europeo no es un sistema de ahorro es un esquema ponzi, es decir, una estafa piramidal legalizada por el estatismo.

El Sistema de reparto de pensiones consiste en una regla básica, el dinero que hoy te descuentan de la nómina no se guarda para tu jubilación, se usa ese mismo mes para pagar la jubilación de otra persona.

Tu pensión futura no depende de lo que hayas aportado tú, depende de que exista una generación futura suficientemente numerosa y suficientemente rica como para pagarla. Como ves no es únicamente un problema político, sino que es principalmente matemático.

Durante décadas, este sistema funcionó porque Europa vivía una anomalía histórica. Muchísimos trabajadores jóvenes, pocos jubilados y una esperanza de vida baja. En España, en los años 70 había aproximadamente cinco trabajadores por cada pensionista. Hoy apenas superan dos y la proyección para mediados de siglo se acerca peligrosamente a uno.

Y claro, un sistema donde cada trabajador sostiene prácticamente una pensión completa no es un sistema de seguridad social. Es una transferencia forzada intergeneracional que depende de la demografía. Pese a quien le pese.

Por eso el debate sobre inmigración rara vez se explica con honestidad económica, puesto que, en realidad, la inmigración no es sólo un problema cultural, ni siquiera humanitario. ¡Es fiscal! El sistema necesita nuevos cotizantes constantemente. Los sistemas de servicios públicos se colapsan porque en realidad, no necesitamos nuevos ciudadanos, sino nuevos financiadores. Y de aquí nacen el resto de problemas: vivienda, listas de espera…

Las pensiones ya son la mayor partida de gasto público en España, alrededor del 12-13 % del PIB. Y ya no se pagan únicamente con cotizaciones. Se pagan con impuestos generales y deuda. En otras palabras: ¡el sistema es insostenible!.

Aquí es donde entra un debate aparentemente distinto, pero que en realidad es la misma discusión: la llamada Mochila austriaca que el gobierno de Javier Milei ha anunciado incorporar en Argentina. ¿Pero qué es en realidad la mochila austriaca? Pues no, no es un sistema que elimina la indemnización por despido. Es un modelo que cambia algo mucho más profundo: la propiedad del dinero.

En el sistema laboral español, la indemnización no es un ahorro del trabajador. Es una contingencia jurídica vestida de «derecho» que sólo existe si hay despido, si la empresa puede pagar y si no quiebra.

Es por lo tanto, un «derecho» condicionado al conflicto constante. La mochila, en cambio, obliga a la empresa a aportar cada mes a una cuenta nominativa del trabajador. Ese dinero es suyo desde el primer día, cambie o no de empresa, sea despedido o no. Si nunca lo despiden, lo cobra igual al jubilarse.

Y lo más importante, cómo se resta del coste total empresa, no afecta al neto. Es decir, que pasamos de expoliar la productividad marginal descontada (salario) en forma de contribuciones a cargo de la empresa, a ingresarlo a una cuenta nominativa a nombre del trabajador. Cierto que no es una elección del trabajador, pero al menos queda en su propiedad. ¡Algo es algo!

Y aquí aparece la cuestión central. Y es que la mochila austriaca no es para nada una solución de pensiones, más bien diría que es un parche. Quizás un primer paso hacia un modelo de capitalización, pero insuficiente. En el reparto, las cotizaciones financian gasto, mientras que en capitalización, se invierten. ¿La diferencia? El interés compuesto.

Supongamos un trabajador medio que aportase durante 40 años cantidades equivalentes a sus cotizaciones actuales; con una rentabilidad real moderada del 4%, podría acumular un patrimonio cercano al millón de euros.

Esa cifra es la consecuencia de invertir durante décadas en la economía productiva. Su pensión ya no dependería de elecciones, presupuestos, promesas electorales ni pirámides demográficas. Dependería simplemente de su capacidad de ahorro.

Aquí la diferencia es brutal, ya que mientras el reparto consume renta presente, la capitalización financia la inversión futura. Mientras que el primero necesita más impuestos, el segundo crea capital y mejora la productividad.

Pero claro, como siempre, la objeción habitual es el riesgo de mercado. ¿En serio? Vamos a dejarlo claro, el verdadero riesgo no es la volatilidad financiera, es la demografía. Los mercados fluctúan a corto plazo, pero crecen a largo plazo. La pirámide poblacional, cuando se invierte, no se corrige durante generaciones y el problema que siempre se plantea entonces es la transición: ¿qué ocurre con los jubilados actuales?

Y aquí es donde entra la lógica de lo que sería una propuesta amable, ambiciosa y valiente. La respuesta es sencilla aunque políticamente incómoda. Los jubilados deben cobrar íntegramente, puesto que, como siempre he defendido,  no son culpables, sino víctimas del sistema.

El Estado debe asumir explícitamente ese compromiso como gasto público transparente. Mientras tanto, la generación intermedia podría mantener un sistema mixto y los jóvenes entrar directamente en un modelo de capitalización. Durante unas décadas coexistirían ambos sistemas, pero al cabo de una generación laboral el problema estructural desaparecería.

El conflicto generacional, que enfrenta a jóvenes que financian y a mayores que dependen legítimamente de ello, quedaría resuelto. Pero si es tan simple, ¿Por qué ningún gobierno quiere reformarlo? Pregúntenle a Juncker, él siempre lo ha tenido claro.  Una pista: porque el mayor bloque electoral son los pensionistas.

Por lo tanto, el problema de las pensiones europeas es estructural y demográfico, puesto que  ningún sistema basado en transferencias obligatorias entre generaciones puede sostenerse indefinidamente cuando cada generación es más pequeña que la anterior.

Así que no, no estamos ante un debate ideológico. Estamos ante una promesa imposible y la pregunta no es si el sistema cambiará, la pregunta correcta es si lo haremos ordenadamente… O cuando ya no haya dinero suficiente para seguir fingiendo.