La primera reunión de la Autoridad Macroprudencial para prevenir crisis se celebra este lunes

La reunión estará presidida por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y participarán el gobernador del Banco de España y vicepresidente de Amcesfi, Pablo Hernández de Cos; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado.

Asimismo, acudirán a la reunión la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez Pina; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez Camiña.

Según la convocatoria, la reunión se celebrará en la tarde del lunes en la sede del Ministerio de Economía y Empresa en Madrid.

El papel de la Autoridad Macroprudencial en sus reuniones es el de analizar posibles factores de riesgo, emitir opiniones y alertas y realizar recomendaciones a los supervisores sectoriales, aunque estas recomendaciones no son vinculantes. En cualquier caso, si los supervisores deciden no cumplirlas, deberán explicar y justificar su determinación.

Cada año, Amcesfi elevará a las Cortes un informe de carácter público, en el que se analizará los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas vinculantes adoptadas y las recomendaciones y avisos emitidos.

El pasado 2 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros por el que se acuerda la configuración estructural de competencias y funciones Amcesfi.

La creación de este nuevo organismo ha venido motivada por el estallido de la última crisis financiera y las «limitaciones» que mostraron las herramientas tradicionales de política económica y supervisión financiera a la hora de prevenir parte de los riesgos desencadenados para la economía.

No obstante, fue en 2010 cuando la Junta Europea de Riesgo Sistémico fue constituida para establecer que cada Estado miembro debía crear su propia herramienta macroprudencial antes de julio de 2013, por lo que España llega seis años más tarde del plazo límite estipulado.