La patronal tecnológica alerta de que la ‘tasa Google’ deja en desventaja los grupos españoles

La patronal tecnológica Ametic se ha mostrado crítica con el anteproyecto de Ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, ya que deja a las empresas españolas «en desventaja competitiva respecto al resto de países», dado que es el primer país en aplicar una tasa de este tipo y grava los ingresos en vez de los beneficios.

En un comunicado, Ametic señala que, tal y como parece que se ha planteado, el impuesto «rompe con el acuerdo internacional» de gravar los beneficios y no los ingresos y genera problemas de doble tributación. «Esta situación sitúa en desventaja competitiva a las empresas españolas frente al resto de Europa y del mundo, ya que se trata en la práctica de un impuesto a la exportación», incide.

«De este forma, se desincentivará la atracción de inversiones y supondrá un freno a la innovación. Todo ello implicará la disminución del crecimiento económico y de la posición digital de España, frente al resto de países europeos», advierte la patronal tecnológica.

España será el primer país en aplicarla

Asimismo, remarca que tampoco beneficia que España sea el primer país en poner en práctica un impuesto de este tipo, ya que no existe un consenso en torno a él ni a nivel internacional ni el seno de la propia Unión Europea (UE), donde el debate está abierto. Además, añade que otras consecuencias negativas serán los menores niveles de digitalización o el aumento del coste del capital.

En este contexto, Ametic se reafirma en la necesidad de contar con el consenso internacional para adecuar el mercado a la era digital en materia impositiva, especialmente teniendo en cuenta el carácter global del ámbito digital. «Las soluciones a los retos económicos actuales en el ámbito digital se deben realizar en un debate a nivel internacional sobre cómo desarrollar un sistema impositivo global moderno, justo y eficiente», incide.

Así, defiende que el consenso entre países garantiza la seguridad jurídica, al ser los propios Estados los que han consensuado un sistema impositivo que grave los beneficios corporativos a nivel internacional de manera sostenible a largo plazo. De no existir la posibilidad de un acuerdo internacional a nivel OCDE, es fundamental contar al menos con el consenso de la UE, ya que las acciones unilaterales de los Estados miembros son «perjudiciales para la integridad del Mercado Único Europeo».

Asegura que la creación por parte del Gobierno español de este impuesto resulta «al menos sorprendente», ya que implica romper el consenso de la UE, dejando a España en una situación de excepción.