El Pacto de Toledo se reúne esta semana tras el pacto PP-PNV para subir las pensiones

La Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo celebra el próximo miércoles su primera reunión después del pacto alcanzado por el Gobierno con el PNV para subir las pensiones al 1,6% durante 2018 y 2019 y retrasar cuatro años, hasta 2023, la aplicación del factor de sostenibilidad.

Estas medidas son parte del acuerdo alcanzado por el Ejecutivo para conseguir los votos del PNV para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ley donde se incluirían tanto dichas mejoras, para ambos ejercicios, como el retraso en la aplicación de este factor, previsto hasta ahora para enero de 2019.

Precisamente, en las enmiendas a los Presupuestos tanto PP como PNV mencionaban en sus enmiendas sobre la subida de pensiones que esta se establecería en caso de que no existiera un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo sobre la revalorización de las pensiones.

Además de estas medidas, ambas formaciones acordaron elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% este mismo año y alcanzar el 60% para el próximo ejercicio, subidas también recogidas en sus enmiendas a los Presupuestos.

Bloqueado durante meses por las diferencias entre los grupos partidarios de garantizar el poder adquisitivo y subir las pensiones con la inflación y los que no, el acuerdo da un mayor margen a la comisión para llegar a acuerdos no sólo en este aspecto, sino también en el discutido factor de sostenibilidad, cuya derogación o modificación ha sido requerido por el Congreso en varias ocasiones.

Todo ello después de que la Comisión diera un primer paso para lograr un consenso, al alcanzar un principio de acuerdo para redactar la revisión de la recomendación 2, dedicada al poder adquisitivo de las pensiones, con la mención a la necesidad de acordar una nueva fórmula de revalorización.

Según esta propuesta, el nuevo mecanismo de revalorización tendría por objeto mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y por ello tendría en cuenta «de manera medular» el IPC, sin descartar que puedan tenerse en cuenta otros factores, como el crecimiento de la economía, la evolución de la productividad o los salarios.

La voluntad de los grupos es lograr un acuerdo que permitiera dar continuidad a esta fórmula durante los próximos años. Una vez alcanzada la revisión de las recomendaciones, sería el Gobierno quien, junto con las organizaciones sindicales y patronales, definiera el nuevo mecanismo de revalorización.

Estos mismos pasos fueron descritos por el propio ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante sus intervenciones en el debate de totalidad de Presupuestos que celebró el Congreso la pasada semana, en las que instó al Pacto de Toledo «cuanto antes» para proceder, en base a ese acuerdo, a la negociación el diálogo social.

Montoro también instó a los grupos a acordar en esa negociación parlamentaria un plan para sanear el déficit de la Seguridad Social y así hacer el sistema sostenible, marcando este objetivo como una prioridad a «corregir» en «tres o cuatro años» y así hacer la aportación del Estado al sistema público de pensiones «un hecho excepcional».

Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, insistió recientemente en el Congreso en la importancia de que los grupos acordaran «esquemas de financiación de prestaciones» y fórmulas para encontrar «nuevos ingresos». En este sentido, reclamó que se estudiara una posible subida de las bases de cotización, y analizar cómo afectaría a la relación entre base y pensión máxima.