Otro palo para las empresas: Sánchez pretende que paguen el transporte «sostenible» de sus empleados

La futura ley de Movilidad Sostenible preparada por el Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez obligará a las empresas a negociar con los comités sindicales el apoyo al transporte colectivo ‘verde’ de sus empleados. Este extremo ha suscitado el rechazo rotundo de la patronal CEOE, que ve abrirse una «nueva vía para aumentar los costes económicos de las compañías en un momento en que éstas padecen la agresividad fiscal del Gobierno a través del incremento de las cotizaciones sociales, la doble imposición sobre los dividendos, la prohibición de compensar totalmente las pérdidas de ejercicios pasados y las reiteradas subidas del Impuesto de Sociedades».

En el proyecto de ley se incluye la obligación de elaborar planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad, así como programas de transporte sostenible al trabajo para empresas o centros de empleo. En la futura norma también se dice que los ministerios de Transporte y de Trabajo y Economía Social establecerán conjuntamente los criterios para identificar los grandes centros de actividad que deban disponer de planes de movilidad sostenible.

«Para la fijación de los criterios se tendrán en cuenta, al menos, la superficie del centro de actividad, el número de empresas y personas trabajadoras afectadas por turno de trabajo y la movilidad en días y horas punta y fechas determinadas. Dentro del plazo de dieciocho meses desde su publicación, los grandes centros de actividad implicados tendrán que aprobar el correspondiente plan de movilidad sostenible, que deberá revisarse al menos cada cinco años y designar un gestor de movilidad del centro de actividad». La futura norma descarga gran parte de la responsabilidad en el cumplimiento de estas exigencias en las comunidades autónomas.

La patronal CEOE está alarmada por las futuras exigencias que implican los planes del Gobierno: «No sólo es el mayor gasto al que aboca, que también; lo preocupante es la obligación de negociar con las centrales, que redundará en un aumento de la burocracia sindical en las empresas adicional a los costes correspondientes».

De acuerdo con el proyecto en marcha, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley, las entidades pertenecientes al sector público y las empresas deberán disponer de planes de transporte sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 500 empleados o 250 por turno. «Todas estas especificaciones y requisitos van a suponer una carga económica importante para las compañías, que exigirá un desembolso de recursos justo en un momento en el que las sociedades ya están al límite tratando de digerir las subidas de impuestos e intentando sostener contra viento y marea las plantillas», según las fuentes consultadas.

Pero la gota que ha colmado la paciencia de la patronal española es la obligación que se contempla en la futura ley de que «los planes de transporte sostenible al trabajo sean objeto de un acuerdo con la representación legal de los trabajadores, creando comisiones sindicales al efecto».  «Esto constituye de nuevo un intento de intromisión en la vida de las sociedades y recuerda lo que sucedió con la ley de Igualdad, que también obligó a entablar negociaciones tediosas y contraproducentes con las centrales sindicales en un marco de actuación que las propias empresas ya llevaban tiempo abordando de manera autónoma y voluntaria», indican los mismos medios.

De acuerdo con la norma, «los planes de transporte sostenible al trabajo incluirán soluciones de movilidad que contemplen el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad eléctrica y la movilidad compartida o colaborativa, entre otros». No sabemos a ciencia cierta «en qué acabarán concretándose todos estos planes, pero desde luego en nada que facilite la vida diaria de las empresas sino justo lo contrario», añaden los mismos medios.

Entre las medidas adicionales contempladas en el proyecto, y en relación con los centros de trabajo de más de mil trabajadores situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, las entidades públicas y empresas deberán incluir medidas que permitan reducir la movilidad de las personas trabajadoras en las horas punta y promover el uso de medios de transporte de bajas o nulas emisiones.

El Ministerio de Transportes aclara que las disposiciones de desarrollo de la ley podrán prever mecanismos de financiación de los planes de movilidad sostenible de entidades territoriales, los planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad, los planes de transporte sostenible al trabajo o de otras actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible.