El órdago independentista catalán obliga al Gobierno a prorrogar los Presupuestos

Cambio de planes. El pasado 22 de septiembre el Gobierno iba a aprobar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y una nueva revisión del cuadro macroeconómico con un aumento de las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para este año y el próximo. Sin embargo, la inestabilidad política generada por el órdago independentista catalán aplazará hasta el próximo ejercicio los nuevos PGE y el Ejecutivo ya trabaja en un escenario de desaceleración económica por el impacto del golpe de Estado de Carles Puigdemont y sus socios de ERC y la CUP.

El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro puso sobre la mesa del Consejo de Ministros el pasado viernes un informe en el descarta que se puedan aprobar los PGE para 2018 antes del 31 de diciembre, por lo que el ejercicio arrancará con los Presupuestos de 2017 prorrogados. Se trata de la segunda ocasión consecutiva en la que esto sucede, ya que en 2016 tampoco fue posible sacar adelante las cuentas públicas por la falta de acuerdo político tras dos elecciones generales.

Esta modificación del guión obligará al Gobierno español a enviar a la Comisión Europea un documento en el que plasmará la nueva situación y en el que rebajará las previsiones de crecimiento para 2018. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha avanzado que la crisis política en Cataluña «no saldrá gratis» y ha avanzado que el Gobierno situará «algo por debajo» del 2,6% el objetivo de crecimiento del PIB previsto para el próximo año. El nuevo plan presupuestario con la revisión del cuadro macroeconómico será enviado el próximo lunes a Bruselas.

Aunque la principal razón de este nuevo bloqueo presupuestario se encuentra en la ofensiva secesionista catalana, en realidad no han sido partidos políticos catalanes los que han propiciado que el Gobierno no tenga los suficientes apoyos para que los PGE consigan el respaldo parlamentario. El PNV es el principal responsable de la ruptura, ya que se ha desmarcado de su postura inicial y ha decidido aprovechar la crisis institucional generada por Puigdemont para intentar lograr mayores prebendas y privilegios para el País Vasco en los nuevos Presupuestos.

Tampoco es la primera vez que el PNV aprovecha la debilidad del Gobierno para sacar tajada en los últimos meses. El pasado mayo, el Ejecutivo se vio obligado a ceder a las exigencias de los nacionalistas vascos y se comprometió a entregar al ejecutivo de Urkullu 1.400 millones de euros que reclamaba en concepto de una supuesta deuda del Estado por el cálculo indebido del cupo vasco (que es como se denomina al Concierto Económico del que disfruta esta región española).

Los primeros damnificados de esta prórroga presupuestaria serán los opositores que esperaban lograr alguna de las nuevas plazas de funcionarios que se iban a incluir en la Oferta de Empleo Público (OEP) en los PGE de 2018. Tal como han confirmado fuentes del departamento ministerial que dirige Montoro, ahora mismo no se puede garantizar que las más de 4.200 plazas previstas vayan a convocarse.

También se verá afectado el reparto de fondos estatales a las comunidades autónomas, cuya actualización también se produce a través de la Ley de Presupuestos. Los gobiernos regionales deberán esperar al primer trimestre de 2018 para saber qué maniobra tendrán para hacer frente a sus gastos.