La oposición obliga a Carmena a bajar el IBI a las empresas en Madrid

La alcaldesa de Madrid Manuela Carmena no va a poder castigar fiscalmente a las grandes superficies comerciales a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). PP, PSOE y Ciudadanos se han unido y han presentado una enmienda a su reforma tributaria que elevaba un 10% este tributo a las empresas que tienen inmuebles de uso no residencial. Ahora, el tipo bajará al 7%, como contempla la nueva regulación fiscal para las viviendas. En el caso de los inmuebles comerciales que tengan un mayor valor catastral el tipo será del 2%.

Según explica Cinco Días, esto supondrá una reducción de ingresos para las arcas municipales de unos 46 millones de euros. Las grandes compañías beneficiadas serán firmas propietarias de inmuebles con un alto valor catastral como son el Corte Inglés, Apple, Fnac, Mercadona, Cinesa o Zara, entre otras, aunque también se librarán de la subida impositiva de Carmena numerosos edificios de uso sanitario, hotelero, industrial y deportivo.

El problema será ahora comprobar cómo se traslada este cambio al presupuesto municipal. La oposición también forzó a Ahora Madrid a comprometerse a rebajar el tipo del IBI al máximo permitido, hasta el 0,4%, de aquí a final de legislatura, siempre y cuando la evolución de las cuentas públicas y la sostenibilidad financiera lo permitan, “y no sea necesario recortar servicios públicos básicos”, indica el diario.

En lo que coinciden todas las formaciones es en pedir al Gobierno Central que se realice una revisión del valor catastral de las viviendas «distrito a distrito, para ajustarlo al precio de mercado en aquellos casos en los que no se haya recogido el descenso de los últimos años». Este valor catastral es el que luego utilizan las autoridades municipales para calcular el importe a pagar en el IBI.

La oposición, liderada por el PP había denunciado que, bajo el espejismo de una leve bajada del IBI para los hogares, el programa de Carmena incluía una batería de impuestos a las empresas que podría convertir a Madrid en un infierno fiscal, perdiendo el puesto privilegiado que ocupa en España como unos de los principales destinos de inversión (y creación de empleo), debido a las políticas liberalizadoras de los últimos años.