Nuevo fracaso de Sánchez: ocho meses después la mitad de las ayudas directas no se han repartido

Las ayudas directas que Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo están siendo un fracaso, y no porque las pymes y autónomos no las necesiten. Los duros requisitos del Ejecutivo socialista para poder acceder a estos fondos hacen que el 48% de los 7.000 millones de euros aprobados para ayudar a las empresas más afectadas por la pandemia aún no se han repartido y en torno a un tercio se quedarán previsiblemente sin ejecutar, ya que las solicitudes registradas no cubren todos los recursos a disposición de las comunidades autónomas.

De los 7.000 millones de ayudas directas aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo y transferidos a las comunidades, se han desembolsado o están en proceso de pago a los beneficiarios un total de 3.642,3 millones, el 52,2% del total, de acuerdo con los datos recabados por las delegaciones de EFE, salvo en el caso de Galicia, donde la Junta ha informado de que aún no dispone del balance.

Por esta razón, y porque aún quedan por resolver las convocatorias cerradas en noviembre y las que lo harán en diciembre, la cifra final podría aumentar cuando se cierre el proceso, sobre todo en Canarias, donde se espera una ejecución mucho más alta a la actual. Pendientes de tramitación o resolución todavía hay solicitudes y convocatorias al menos en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Madrid.

100% de ejecución en Baleares

Baleares es de momento la excepción, con una ejecución de casi el 100%, aunque en su caso y en el de Canarias el importe de las ayudas y los requisitos para su reparto fueron excepcionales al tratarse de las autonomías más dañadas por las restricciones asociadas a la crisis del Covid-19. En estas comunidades las ayudas pueden llegar a los cinco millones de euros por beneficiario, mientras que para el resto el máximo son 200.000 euros.

En Canarias se ha abonado de momento el 70,41% del total de solicitudes presentadas por autónomos y micropymes por un importe de 352,1 millones, si bien está previsto que esta semana se empiecen a pagar las ayudas concedidas a empresas de mayor tamaño (a partir de 11 empleados).

Descontando los 2.000 millones de Canarias y Baleares, el reparto de los 5.000 millones restantes se queda por debajo del 50%, con varias comunidades con un nivel de ejecución inferior al 40%, como es el caso de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Hay otras como Madrid, La Rioja y Cataluña, en las que la ejecución supera el 65%. En la franja intermedia se sitúan regiones como Andalucía y Castilla y León que prevén cerrar el proceso con una ejecución de más del 60%.

Requisitos «imposibles»

En términos generales, las ayudas están destinadas a autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia -principalmente hostelería, turismo y comercio-, cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019, año en el que no pudieron registrar pérdidas. Las ayudas directas de Sánchez se han diseñado para pérdidas de ingresos grandes, lo que reduce el impacto de las ayudas, según ha denunciado UPTA, que la semana pasada calculaba que las autonomías tendrán que reintegrar al Estado más de 2.500 millones no ejecutados.

«En general, la planificación de estas ayudas ha sido un auténtico despropósito, desde su concepción por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de los Gobiernos autonómicos», aseguraba el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que cree que la Administración no ha estado a la altura de las necesidades del colectivo autónomo.

A su juicio, para los autónomos hubiera sido clave poder usar el dinero para pagar deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, algo no previsto en unas ayudas pensadas para el pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, arrendamientos o préstamos. En el mismo sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera que había demasiadas trabas para que los autónomos pudieran acceder a estas ayudas.

En septiembre, en vista de la baja ejecución, el Gobierno publicó una aclaración al real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, para que las autonomías que todavía no hubieran asignado los fondos recibidos pudieran abrir nuevas convocatorias hasta diciembre y extender el uso de las ayudas a la compensación de gastos fijos que ya se hubieran abonado. Recientemente se ha ampliado hasta el 30 de junio el plazo de reintegro de los fondos no ejecutados para que las comunidades tengan tiempo suficiente para resolver las últimas convocatorias.