Una mina en Galicia abre un conflicto diplomático entre España y Portugal 

Una mina en A Gudiña (Orense), ubicada a dos kilómetros de la frontera compartida con Portugal se ha visto envuelta en una polémica transfronteriza entre España y Portugal en los últimos días. En concreto, la explotación minera, operada por la sociedad sueca Eurobattery, a través de su filial española, Tungsten San Juan S.L., volvió a operar hace unas semanas, a pesar de no contar con los permisos requeridos, según inciden desde Ecologistas en Acción.

La reanudación de las actividades en la mina, que además busca perfilarse como un proyecto estratégico de la Unión Europea ante la segunda convocatoria, ha despertado críticas por parte de los grupos ecologistas, que han demandado a la empresa por carecer de los permisos y estudios ambientales requeridos. Esta polémica ha llegado hasta el Parlamento de Portugal esta semana.

«Portugal no ha recibido cualquier notificación del [Reino de España] relativa al desarrollo de un proyecto de explotación minera en Orense», ha detallado un documento emitido por el Gabinete de la Ministra de Ambiente y Energía de Portugal este viernes y obtenido por este periódico. «El gobierno, a través de la Agencia Portuguesa del Ambiente (APA), ha enviado una carta a las autoridades españolas con el objetivo de obtener información del proyecto y comunica su interés en formar parte del proceso de validar el impacto ambiental y minimizar los impactos transfronterizos», ha concluido el documento.

El documento emitido desde el Ministerio de Ambiente y Energía de Portugal fue en contestación a seis preguntas alzadas por 11 diputados del Partido Socialista (PS) portugués  ante la Asamblea de la República Portuguesa el mes pasado. Entre las preguntas, los diputados cuestionan si el gobierno de Portugal recibió una evaluación de impacto ambiental por parte de España, y en el caso de una «omisión», preguntan si España ha violado el Convenio sobre evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Convenio de Espoo). En el epicentro de la disputa está la ubicación de la mina, que se encuentra a sólo dos kilómetros del Parque Natural de Montesiño (Portugal).

Además, la reanudación de las actividades por parte de Eurobattery Minerals hace unos meses ha llevado a Ecologistas en Acción a demandar a varios altos cargos de la Xunta de Galicia; Pablo Fernández Vila, director de Planificación energética y minas, además de María José Echevarría, directora de Calidad Ambiental y Sosteniblidad, según la denuncia visto por este periódico.

En concreto, la organización ha señalado a los directivos por otorgar una prórroga de 30 años a la mina, que según ellos, no cuenta con los permisos mineros vigentes. Para ser más precisos, dos sentencias del Tribunal Superior de Justiza de Galicia y el Tribunal Supremo detallan que las prorrogas requieren una nueva evaluación de impacto ambiental.