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Logro histórico para los pensionistas: así ha conseguido una mujer doblegar a la Seguridad Social y jubilarse a los 57 con una paga de lujo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) le ha reconocido el derecho a una pensión de casi 2.000 euros

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Cobrar una pensión tras años de trabajo, implica no sólo el que se tenga en cuenta la edad de la persona que se va a jubilar, sino también, sus años cotizados. Sin embargo, no todos los casos son iguales y a veces, debido a enfermedades o a situaciones personales, es posible que se deba anticipar esa jubilación, a pesar de que deberemos enfrentarnos a la normativa que marca la Seguridad Social. Es lo que le ha ocurrido a una mujer, que recibió un no de parte de la Seguridad Social, pero que ha logrado jubilarse a los 57 años y además cobrando una pensión que roza los 2.000 euros.

No ha sido un regalo sin más o algo que le haya tocado porque sí. Su caso tiene que ver con un derecho, el de cobrar una pensión por incapacidad, pero además debido a algo que es relativamente nuevo para la Seguridad Social. La situación de esta diseñadora gráfica tiene que ver con la pandemia y las secuelas que le dejó la covid. De este modo, ha logrado algo que parecía imposible: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido su derecho a una pensión de 1.889,92 euros al mes, después de un pulso largo contra el sistema. Con ello, el caso de esta mujer se convierte en el espejo en el que se miran muchos afectados por el coronavirus que, años después de superar la enfermedad, siguen arrastrando problemas de salud que les impiden volver a trabajar con normalidad.

Ella reclamó lo que consideraba justo: la incapacidad permanente absoluta. La primera respuesta fue un portazo por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que minimizó sus limitaciones. Pero en vez de rendirse, decidió pelearlo en los tribunales y finalmente ha ganado. Ha podido jubilarse a los 57 y cobrando una buena pensión.

Una mujer consigue jubilarse a los 57 con una buena pensión

Tras varios recursos y un proceso largo y desgastante, el alto tribunal autonómico confirmó que, en efecto, sus problemas de salud hacían inviable cualquier actividad laboral en condiciones normales. El fallo no sólo cambia la vida de esta mujer, sino que abre un debate en torno a cómo se están gestionando los casos de incapacidad derivados de la covid persistente.

Y es que el primer paso de la diseñadora fue solicitar al INSS la pensión de incapacidad permanente absoluta, convencida de que sus secuelas la impedían continuar en su puesto. Sin embargo, la respuesta del organismo fue la de rechazar la petición, argumentando que no existía incapacidad suficiente para que se justificara la prestación. Una decisión que no sólo supuso un jarro de agua fría para la trabajadora, sino que la obligó a iniciar un camino judicial con un alto coste personal.

Pese a que en primera instancia un juez sí reconoció su derecho a jubilarse de manera anticipada, el propio INSS decidió recurrir la sentencia. El caso llegó así al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que no sólo revisó el proceso, sino que analizó en detalle los informes médicos presentados por la demandante.

La importancia de los informes médicos

El tribunal contó con un cuadro clínico detallado en el que se explicaba con claridad cuál era la situación de la trabajadora. Los documentos médicos reflejaban la existencia de síntomas que se había convertido en persistentes tras la infección de covid: cefalea crónica, un trastorno adaptativo mixto y déficits cognitivos en memoria, atención y velocidad de respuesta. En otras palabras, no sólo sufría dolores constantes, sino que su capacidad de concentración y reacción estaba muy por debajo de lo que se considera necesario para cualquier desempeño profesional.

Los jueces fueron tajantes: esas condiciones hacían imposible que pudiera desarrollar su actividad con un rendimiento adecuado y sin un esfuerzo desproporcionado. La sentencia llegó a subrayar que cualquier empleo se realizaría bajo un estado de malestar permanente, lo que hacía ilusorio pensar en un trabajo ordinario. De ahí que confirmaran la incapacidad absoluta y, con ella, el derecho a la jubilación anticipada con el 100% de la base reguladora.

Un precedente para otros casos de covid persistente

Más allá de lo que supone para esta mujer en particular, el fallo marca un antes y un después para cientos de personas que padecen secuelas postcovid. Hasta ahora, muchos afectados se han encontrado con la misma barrera: la dificultad de acreditar que los síntomas, aunque reales y limitantes, tienen la suficiente entidad como para justificar una pensión de incapacidad. Esta sentencia abre la puerta a que otros casos similares sean reconocidos en los tribunales.

La trabajadora, además de obtener una pensión cercana a los 1.900 euros al mes, ha conseguido visibilizar una problemática creciente. Según datos de distintas asociaciones de pacientes, miles de personas en España conviven todavía con cefaleas diarias, fatiga crónica y problemas cognitivos durante meses, incluso años, después de haber superado la infección inicial.

La resolución deja también un mensaje para la propia Seguridad Social: la necesidad de actualizar criterios y adaptarlos a una realidad sanitaria que ha cambiado tras la pandemia. No se trata sólo de estadísticas o de números en las cuentas públicas, sino de personas concretas con vidas marcadas por la enfermedad. En este caso, la insistencia de una mujer ha conseguido lo que parecía imposible: doblegar al sistema y lograr un derecho que le había sido negado.