El líder sindical Tito presenta una querella de 2.000 taxistas contra Castellanos y la cúpula de Cabify

El líder sindical Alberto Álvarez ‘Tito’ y el exjuez Elpidio José Silva, hoy reconvertido en abogado tras ser expulsado de la carrera judicial, han dado a conocer este jueves la querella que presentarán la próxima semana en la Audiencia Nacional contra lo que ellos han denominado en muchas ocasiones «la mafia de las VTC», un conglomerado de intereses empresariales que, según su punto de vista, se han valido de información privilegiada para alterar el precio del mercado.

Nombres de importancia en el mercado de estas licencias de alquiler con conductor que han sido las utilizadas por Uber y Cabify y han generado tanta polémica en el sector son los que salen a relucir en esta querella. Algunos de ellos son Jaime Castellanos (expresidente del Grupo Recoletos, presidente de Lazard en España y propietario de Moove Cars, uno de los principales tenedores de licencias VTC del país), José María Goñi (presidente de Unauto Cataluña), los hermanos Juan y Ramón Ortigüela (Ares Capital), José Parrondo (Auro New Transport), Rosauro Varo (dueño de Vector Ronda Teleport, ahora integrada en Cabify) y Juan de Antonio Rubio, el CEO de Cabify y también una de las personas de más relevancia en la revolución que ha vivido el sector VTC en los últimos años.

La querella ha sido redactada en secreto durante los últimos meses por Elpidio Silva que junto con Tito Álvarez y a través de la Plataforma Integral del Taxi (PIT) ha conseguido el apoyo y la aportación monetaria de unos 2.000 taxistas, según aseguran, que presentarán sus querella de forma individual contra las citadas personas.

El exjuez Elpidio Silva ha observado varios delitos como blanqueo de capitales, estafa o delito contra los trabajadores

Los delitos que ha observado el exjuez Elpidio Silva son los siguientes:  «maquinación por alterar el precio de las cosas mediante engaño, administración desleal, blanqueo de capitales, estafa, delito contra el derecho de los trabajadores en dos modalidades y delito contra la hacienda pública en dos modalidades». Según ha asegurado, estos delitos cometidos de forma continuada durante los últimos años sumarán posibles pensas de entre 31 y 57 años de cárcel.

Una deriva penal

La deriva penal que se llevaba anunciando durante los últimos meses el líder taxista que consiguió una ley catalana contra las licencias VTC que afectó a Uber y Cabify (el primero se marchó y no ha vuelto de momento a Barcelona, mientras que el segundo ha vuelto con condiciones) se suma a otros procedimientos civiles también contra los competidores del taxi.

Los taxistas darán así un paso más en su particular batalla contra el sector de los VTC, después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite el pasado abril una demanda colectiva contra Uber, Cabify y otras tres empresas por competencia desleal. Organizaciones como la Federación Profesional del Taxi (FTP) han perdido en los últimos meses varias medidas civiles contra Cabify.