Las CCAA inflan los ingresos, el baile de las ‘Big Four’ y purga empresarial nacionalista

Los principales diarios económicos destacan hoy en sus portadas el baile en el sector de las auditoras. Las Big Four viven una revolución con la llegada de la nueva normativa que limita el tiempo que pueden fiscalizar las cuentas de una determinada empresa. En teoría el objetivo es preservar la independencia, algo que es prácticamente una quimera cuando se ven los presupuestos que manejan las compañías para pagar los servicios profesionales de Deloitte, KPMG, PwC o EY.

Otros temas de la jornada son que las comunidades autónomas trucan sus ingresos para cuadrar las cuentas públicas de forma artificial, lo que va a dar importantes sustos fiscales cuando se acerque el final del ejercicio. Como tercer noticia destacada en la prensa salmón aparece la purga empresarial que está haciendo Convergencia, eliminando de la foto a todos los liberales que no han mostrado ser independentistas de pata negra.

Así, Expansión titula: “Baile de auditoras”: Aena y Repsol se suman a Telefónica, Ibredrola, Santander y Enagás y cambiarán de firma de servicios profesionales a la hora de contratar los servicios de auditoría. La reforma normativa impulsada por Bruselas obliga a las grandes empresas a cambiar de firma cuando la relación laboral dura más de 10 años y se incorpora a España a través de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que entrará en vigor el próximo verano y que está provocando los citados movimientos durante la primera mitad de 2016.

Deloitte va a ser la principal perjudicada, ya que es la empresa que lidera el ranking de facturación y audita a la mayoría de las compañías del Ibex 35. Además, la firma está inmersa en una crisis reputacional tras ser la responsable de fiscalizar las cuentas de Bankia, Abengoa y OHL, todas ellas compañías cuya contabilidad ha presentado irregularidades que no fue capaz de vislumbrar la auditora que preside Fernando Ruiz en España.

Por su parte Cinco Días anuncia que “las autonomías fracasan en la venta de inmuebles y solares”, al recaudar el 7,8% de lo previsto por la enajenación de propiedades. El problema es que esta sobreestimación de los ingresos se está utilizando para “cuadrar las cuentas sobre el papel”, es decir, que en realidad el déficit fiscal va a ser mayor de lo esperado en los presupuestos regionales.

No es la primera vez que sucede, ya que el pasado año las comunidades autónomas presupuestaron unos ingresos de 694 millones de euros por la venta de patrimonio (es decir, ganancias por privatizaciones, ventas de inmuebles y concesiones) y cuando acabó el ejercicio la cifra real fue de tan solo 362 millones de euros.

Habrá que esperar unos meses para saber si esta sobrestimación de ingresos regionales obligará al Ministerio de Hacienda a reclamar un reducción del gasto adicional a los 830 millones de euros que contempla para este año el Plan de Estabilidad en materia autonómica.

El Ejecutivo había explicado que las autonomías tendrían que realizar un ajuste de 2.034 millones de euros. Sin embargo, de este importe, unos 279 millones de euros se obtendrán mediante ventas de activos (una cifra que ahora está en el aire), y otros 250 millones se cubrirán con subidas de impuestos ya incluidas en los presupuestos autonómicos.

Finalmente, El Economista desvela la existencia de una “purga al ala empresarial de Convergencia”, ya que seis meses después de la moción independentista del Parlamento catalán, “los convergentes más liberales están fuera del poder”. No obstante, denominar liberales a personajes como Durán i Lleida, Sánchez Llibre o Mas Colell, parece un poco aventurado. En todo caso, como sucede en todos los regímenes nacionalistas, el que se sale del guión acaba desapareciendo de la foto.

El gran tema de portada del diario es que “los Álvarez ofrecen un pacto en Eulen y renuncian al consejo”. Los cinco hermanos, apartados de la gestión por su hermana María José, “quieren poner fin al enfrentamiento familiar por el control de la empresa”, apunta El Economista. Su condición es poder nombrar un consejero delegado que represente sus intereses en el máximo órgano de gobierno de Eulen.