La Justicia europea anula la multa de 1.500 millones a Google por abuso de posición en publicidad online
Google incluyó cláusulas de exclusividad, que prohibían a las webs situar ningún anuncio de búsqueda de competidores
Este miércoles a Google le ha dado la razón el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y ha anulado la multa de cerca de 1.500 millones de euros que le fue impuesta por la Comisión Europea en 2019 por imponer durante una década restricciones a páginas web terceras en el mercado de la publicidad online a través de su plataforma AdSense for Search (AFS).
La sentencia, ante la que cabe recurso, confirma la mayor parte de las constataciones de Bruselas durante su investigación, pero concluye que los servicios comunitarios cometieron errores de apreciación respecto a la duración de las cláusulas controvertidas y a la parte de mercado afectada cuando se inició el caso.
De esta forma, la Justicia europea determina que el Ejecutivo comunitario no logró establecer con claridad que cada una de las tres cláusulas señaladas constituyeran un abuso de posición dominante y, en su conjunto, una infracción única y continuada de las reglas de la Unión Europea.
El caso de Google se remonta a 2016
Todo empezó en el 2016, cuando Bruselas inició la investigación que concluyó tres años después sobre las presuntas prácticas abusivas impuestas por el gigante tecnológico en el mercado de publicidad online entre 2006 y 2016.
Según la investigación de Bruselas, durante ese periodo Google incluyó cláusulas de exclusividad en sus contratos, de manera que se prohibía a las webs situar ningún anuncio de búsqueda de competidores en sus páginas de resultados de búsquedas.
También introdujo sucesivamente otras cláusulas llamadas «de emplazamiento» y de «autorización previa», pero en los tres casos la compañía retiró las cláusulas a partir de 2016, año en que la Comisión Europea comenzó a investigar formalmente.
Sin embargo, el Alto Tribunal europeo considera que la Comisión no logró demostrar que las cláusulas controvertidas tuvieran la capacidad de disuadir a los editores para que no acudieran a intermediarios rivales de Google o que sirvieran para impedir a competidores de la tecnológica acceder a una parte significativa del mercado de los intermediarios publicitarios ligados a las búsquedas online.
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