El juez vuelve a reclamar a PwC que aporte cientos de documentos sobre la relación de BBVA y Villarejo

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha exigidio este lunes a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) que le envíe d euna vez 233 correos electrónicos y documentos que no ha aportado todavía al caso, y también otro material que recopiló para hacer el informe ‘forensic’ sobre la actividad del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 ha pedido esta documentación al socio de PwC Javier López Andreo, responsable de ‘forensic’, que comparecieron como testigos para analizar el informe encargado por el despacho Garrigues en nombre de su cliente, el BBVA.

BBVA está imputada como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios en esta pieza 9 del ‘caso Villarejo’ por los presuntos trabajos de espionaje pagados al comisario a lo largo de 13 años y por los que éste habría percibido más de diez millones de euros.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, los fiscales anticorrupción han pedido al magistrado, y éste así lo ha acordado ‘de palabra’ durante la declaración de López Andreo, que PwC aporte a la causa una serie de documentos de los que dispone, como así ha reconocido el propio auditor.

223 archivos

Entre otras cosas, se trata de 223 archivos que la consultora no facilitó al juzgado el pasado marzo alegando que el BBVA así se lo había indicado por «privilegio del secreto profesional». El propio López Andreo remitió un escrito al instructor, incorporado al sumario de la causa, en el que explicaba que «la representación letrada» del banco le informó de que «el levantamiento del privilegio del secreto profesional sólo lo fue para contestar a las preguntas formuladas» durante la primera parte de su declaración el 20 de febrero, lo cual «no alcanza a la presentación de documentación al juzgado».

Este escrito fue remitido el 4 de marzo, después de la primera parte de la comparecencia de López Andreo en la Audiencia Nacional. Pocos días después se decretó el estado de alarma y, con ello, la paralización de la actividad judicial, de modo que hasta este lunes no había podido reanudarse la declaración del auditor como testigo.

García Castellón ha recordado al socio de PwC su obligación de decir la verdad y colaborar con la investigación

Según las fuentes consultadas, García Castellón ha recordado a López Andreo su condición de testigo y, por tanto, su obligación de decir la verdad y colaborar con la investigación, a riesgo de cometer posible delito de desobediencia si no lo hace. Así, le ha comunicado que emitirá una resolución solicitando la información, que ha exigido que entregue en un plazo razonable.

Además de los 223 archivos, el juez incluye en su requerimiento –tras la petición formulada por Anticorrupción y a la que se ha adherido la representación del que fuera presidente de Ausbanc Luis Pineda, personado en la pieza como perjudicado por el espionaje del BBVA– otros documentos que PwC no habría aportado a la instrucción.

Un año de análisis

En su primera declaración el pasado 20 de febrero, López Andreo explicó la metodología de trabajo que siguen los auditores, utilizando una técnica conocida como ‘mapa de calor’ que consiste en un servicio de análisis que sirve para identificar los puntos clave de las búsquedas. En el caso del ‘forensic’ sobre BBVA, el banco explicó que supondría la revisión de un total de 2,3 millones de ítems, lo que conllevaría un tiempo de ejecución de dos años.

No obstante, el perito dijo que desde que se encargó el informe, en enero de 2019, aún no se habían redactado conclusiones sobre la ‘operación Trampa’, los supuestos espionajes al expresidente de Sacyr Luis del Rivero para tratar de frenar el asalto de esta empresa para entrar en el consejo de administración del banco, lo cual habría supuesto el primer encargo del BBVA a Villarejo.

Tras reconocer que en poco más de un año el ‘forensic’ sólo había analizado aproximadamente un 10 por ciento de la información, López Andreo remarcó que el estudio continúa y la auditora ha ido entregando conclusiones preliminares.