El juez rechaza retirar la imputación de Sánchez Galán e Iberdrola por el ‘caso Villarejo’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado la nulidad del auto por el que imputaba a Ignacio Sánchez Galán y a otros tres directivos de Iberdrola. El magistrado desestima la petición por un defecto de forma, pero también anuncia que la rechazaría por cuestiones de fondo, ya que la eléctrica no recurrió en su momento su expulsión de la causa como perjudicada. Por tanto, se mantiene la condición de investigados para todos ellos.

En un auto conocido este jueves, el titular del juzgado central de Instrucción 6 se opone a la petición de la compañía al detectar un defecto de forma, ya que la nulidad tendría que haberse presentado mediante recurso.

Iberdrola solicitó hace un mes que se anularan todas las decisiones acordadas entre el pasado 27 de mayo y el 25 de junio, y que la causa retrocediera a ese momento, a fin de poder ejercitar su derecho de defensa.

De haber sido aceptada, esta medida afectaría al auto en el que el juez imputó por presunto delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil al presidente de la eléctrica.

Junto a Galán, también ordenó investigar al que fuera jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo, el director general de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, y el ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker.

Como consecuencia de la petición de nulidad, el instructor suspendió las declaraciones de los cuatro, citados en un primer momento a comienzos de julio.

Critica la estrategia judicial de Iberdrola

Ahora, García Castellón considera que la nulidad «no se hizo valer por vía de recurso» a pesar de que hubo posibilidad de hacerlo, lo que supone ya un motivo suficiente para ser desestimada.

No obstante, añade, tampoco puede prosperar «por cuestiones de fondo», ya que la representación legal de Iberdrola «cuestiona, en esencia, que no se les tenga por parte en el procedimiento».

En este sentido, se remite a su decisión de rechazar a la eléctrica como acusación particular al entender que «no sería perjudicada por los hechos que se investigan», una vez archivada la querella que presentó contra el exdirectivo José Antonio del Olmo, el principal testigo contra Iberdrola, por presuntamente falsear un documento para avisar de pagos a Cenyt, la empresa de Villarejo.

Rechaza ampliar la imputación de Iberdrola Renovables

En otro auto, el magistrado desestima el recurso presentado por uno de los presuntos perjudicados por los trabajos de Villarejo, el que fuera socio de la eléctrica en el proyecto fallido de Rumanía.

En concreto, solicitaba que se incluyera la imputación a Iberdrola Renovables, investigada, a diferencia de su matriz, como persona jurídica por estos encargos, por un presunto delito continuado de revelación de secretos, además del de cohecho.

El magistrado aclara que «lo relevante» no es qué calificación jurídica tenga, sino «la explicación de los hechos de los que derivarían los indicios de la comisión de delito».

El caso data de finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.

El magistrado aprecia indicios de que hubo «voluntad» por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt, como prueba el hecho de que las facturas correspondientes fueron emitidas por otra compañía diferente.

En total, señalaba en su auto hoy ratificado, entre 2004 y 2012 figuran como recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por Cenyt por un importe de 1.047.324 euros.

Entre los servicios solicitados se encuentra el llamado «proyecto Posy», centrado en investigar a Florentino Pérez «a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola».