Un juez de Delaware pone en peligro 500 empleos de traductores en Barcelona

André Bouchard, juez de la Corte Suprema del estado de Delaware (EE.UU), estaría sobrepasando los límites de su potestad jurisdiccional en el caso Transperfect, un conflicto accionarial que dura varios meses y que tiene en situación de incertidumbre a los 500 traductores que trabajan en el centro operativo de Transperfect en Barcelona, el segundo mayor de la compañía multinacional de traducciones en el mundo.

A principios de año el juez Bouchard decretó la venta forzosa de la empresa y nombró como administrador judicial de la empresa al abogado Robert Pincus con la idea de poner fin a un conflicto accionarial que enfrenta a los fundadores, Phil Shawe y su ex mujer Liz Elting desde hace años. La venta forzosa de la compañía a un fondo de capital privado acabaría con la deslocalización de diferentes centros de trabajo como el de Barcelona y pondría en peligro los puestos de trabajo de su plantilla. Así ha sucedido con la compañía Lionbridge, máximo competidor de Transperfect, que fue adquirida a finales de 2016 por un fondo de capital privado y resultó en la deslocalización de los centros de España y Francia.

La toma del control de la compañía por parte de la Corte del estado de Delaware también ha traído consigo importantes implicaciones legales para toda la plantilla de Transperfect con el centro operativo de Barcelona en el ojo del huracán. Según fuentes judiciales conocedoras del caso, esta batería de implicaciones legales estaría “fuera del poder de influencia de Bouchard” quien, afirman se “extralimita en sus funciones ya que no tiene jurisdicción en España”.

Bajo la imposición de este régimen judicial los trabajadores de Transperfect en Barcelona están obligados a colaborar, a riesgo de sanción, en la venta de la compañía a pesar de conocer las graves consecuencias que este hecho tendría para el centro de operaciones de la compañía en Barcelona.

Asimismo, la libertad de expresión y derecho de la intimidad de los traductores también se han visto comprometidos. De no actuar según la línea marcada por el juez Bouchard y el administrador judicial Pincus los trabajadores de Transperfect en Barcelona recibirían importantes sanciones económicas y podrían ser requeridos de facilitar acceso a sus cuentas de correo y móviles personales. Algo fuera de todo derecho.